ATE Junín

Asociación Trabajadores del Estado

De sirvienta a trabajadora

El Senado de la Nación debe tratar antes de fin de mes en particular el proyecto de ley que regula la actividad de las empleadas de casas particulares que ya tiene media sanción de Diputados y la aprobación en general en la Cámara Alta.

La norma establece que las empleadas de casas de familia podrán gozar de una licencia por maternidad de tres meses (comenzando 45 días antes del parto), mientras que el pago del salario correrá por cuenta de la ANSES, como ocurre en cualquier otro trabajo en relación de dependencia.

El texto estipula que la jornada laboral quedará limitada a 8 horas por día y 48 horas semanales, a diferencia de la ley vigente, que permite hasta 12 horas diarias de trabajo para el personal sin retiro y no dispone límites horarios al personal con retiro. Establece además un descanso semanal mínimo de 35 horas, a partir del sábado entre las 13 y las 16, mientras que la cantidad de días de vacaciones también se va a equiparar a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo, con 14 días por año que van aumentando según la antigüedad.

La iniciativa, que prohibe además el trabajo a menores de 16 años, se aplicará en todos los casos (hasta ahora cubre sólo a quienes trabajan más de 4 horas por día, 4 veces por semana) e incluye a niñeras y a quienes cuiden adultos o discapacitados sin conocimientos profesionales. Buena parte de los sindicatos de trabajadoras del hogar militan en la CTA, como es el caso de las provincias de Santa Cruz, Entre Ríos, San Juan, Jujuy y Córdoba, entre otros. A continuación, dos botones de muestra. Pase y lea.

Un esfuerzo titánico

La condición natural de trabajadoras siempre la tuvieron, aunque la desprotección que padecieron durante largos años las ubica entre quienes más sufrieron las peores condiciones de trabajo. Se trata de las compañeras que realizan tareas de limpieza en las casas de familia y que ya bastante avanzado el Siglo XXI están a un paso de alcanzar conquistas de enorme valor para proteger su dignidad como personas y trabajadoras.

La compañera Hilda Burgos estuvo en la ciudad de Río Cuarto y en la sede de la Regional de la Central de los Trabajadores de la Argentina se puso a disposición de todas aquellas mujeres que llevan adelante esta sacrificada labor, con el fin de asesorarlas sobre los derechos laborales que las protegen y lo beneficioso que resulta para los trabajadores organizarse en ese sentido.

En la provincia mediterránea existe el Sindicato de Personal de Casas de Familia (SINPECAF-CTA) y Burgos es su Secretaria de Interior. Su labor es la de viajar periódica y frecuentemente a diferentes localidades de la amplia geografía cordobesa para llevarles el mensaje de esta organización -fundada por la fallecida ex monja Sara Astiazarán- que forma parte de nuestra Central y de los derechos que protegen a millares de mujeres que en muchos casos desconocen o, si no es así, les son ignorados por sus empleadores.

Una vez al mes –para ser precisos- se hace presente en localidades del norte provincial como Cruz del Eje o del este o sudeste como Leones, Oncativo, Villa del Rosario, también vecinas a la capital provincial como Alta Gracia o el sur provincial, Río Cuarto. De esto se desprende que se trata de un trabajo “hormiga” el de llegar a cada una de las mujeres que dignamente llevan el sustento a sus hogares cumpliendo estas labores en las casas de otros. Una primera aproximación a cuantas personas trabajan en casas de familias se obtiene al saber que en la capital provincial algo más de 6.000 mujeres están afiliadas al SINPECAF.

También se cuentan con algunas compañeras afiliadas en Alta Gracia y Villa del Rosario, dos de las localidades que habitualmente visita y se encuentran a pocos kilómetros de la “Docta”. Más difícil resulta la tarea de sindicalización y de difusión de los derechos protectorios en el trabajo, a medida que se aleja de esta zona.

Ese es el desafío que el Sindicato de Personal de Casa de Familia está llevando a cabo en el sur provincial y tomando como base para su desarrollo la ciudad de Río Cuarto y más específicamente la sede de la Regional Río Cuarto de la CTA.

Al tiempo que admitió que cuesta mucho sumar voluntades para fortalecer esta organización gremial y que no es una tarea sencilla la de detectar trabajadoras domésticas, precisamente por las características o naturaleza del trabajo. Sin embargo, un triple pilar es el que sostiene a esta singular organización de trabajadoras. Por un lado, el legado por las actuales responsables del SINPECAF de la lucha de más de cuatro décadas que se lleva en procura de dignificar este trabajo; un segundo soporte es el avance en materia legislativa nacional para consagrar derechos protectorios y el tercero, que en rigor se trata del paso siguiente, la creación de un Convenio Colectivo de Trabajo específico para esta actividad.

La actividad cuenta con una escala salarial vigente –otro de los elementos esenciales para dignificar cualquier trabajo- cuyos valores responden a las cargas horarias o modalidades según como se desarrolla la tarea.

Es así que la hora de una empleada doméstica está fijada entre $ 12,50 y $ 18,30. Los salarios comprenden dos categorías. Una de ellas, si se trata del régimen cama afuera oscila entre los $ 1.364 y $ 1.832 y el otro segmento es el del régimen de cama adentro, en cuyo caso va desde $ 1.832 a $ 2.021.

“Si se aprueba la ley, pasaremos de ser sirvientas a trabajadoras”, declaró Hilda Burgos. Sin embargo, la naturaleza de trabajadoras –y no la de sirvientas- ya alcanzó ese singular y valioso estado hace por lo menos 55 años atrás, cuando se promulgó el Decreto Nº 356/56, que es la primera y única legislación vigente hasta el momento, sobre la actividad. La referencia de Burgos a la “ley” es a la legislación que se está elaborando en el Congreso de la Nación Argentina y que tiene por objeto regular la actividad. Su puesta en vigencia permitiría el blanqueo laboral, al tiempo que se conquistarían otros derechos no menos importantes.

Recordó que entre algunos pocos –pero no por ello menos valiosos- derechos protectorios que rigen para la actividad se encuentra el aporte provisional y el derecho a cobrar aguinaldo. Entre los aspectos protectorios que se agregarían pueden contarse los referidos a las licencias por maternidad, el derecho a indemnización en caso de despido, vacaciones pagas, jornada de ocho horas de trabajo, licencia por enfermedad y cobertura de obra social.

Burgos subrayó que el proyecto que se encuentra en tratamiento legislativo en el Congreso Nacional “… es el que habíamos elaborado nosotros, pero que estaba cajoneado”. A renglón seguido comentó: “… Mientras sea ley, para nosotros es un logro”. El proyecto de ley ya cuenta con media sanción en la Cámara Baja y fue aprobado en general en la Cámara Alta, restando su aprobación en particular, el que se llevará adelante en junio. En ese estado se encuentra el futuro “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”.

Hay, también, otra lucha por la dignidad de las trabajadoras de este ramo y es el referido al trato que reciben de parte de sus empleadores. En ese sentido, la compañera Burgos denunció que sus pares son –también- víctimas de maltrato. En muchos casos se encuentran sometidas a las arbitrariedades de sus patrones, al tiempo que suelen ser víctimas de maltrato verbal o de ser denunciadas como “ladronas” sin que se comprueben los supuestos actos delictivos que se les endilgan.

La delegada del Interior del SINPECAF de Córdoba señaló que este tipo de violaciones a los derechos y la dignidad de las trabajadoras se observa en mayor medida en los barrios privados de Córdoba. *Periodista. Secretario Adjunto de la CTA Río Cuarto

“No somos empleadas domésticas”

En el marco del tratamiento del proyecto de Ley que modifica el régimen de contratación del personal en casas particulares, Manuela Muñoz, Secretaria General del Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de Entre Ríos (SECFER-CTA), pone en cuestión el término “doméstica”, cuenta la historia de la agrupación y hace una evaluación positiva de la norma que reemplazará el vetusto decreto de 1956 que aún rige. “No pedimos gran cosa, simplemente ser reconocidas como trabajadoras” dice.

Manuela Muñoz, Secretaria General del SECFER, plantea el debate en torno a la palabra misma que se utiliza para denominar las trabajadoras en casas particulares. En este sentido sostiene: “a nosotras no nos gusta la palabra ‘doméstica’. Es como decir que somos animalitos. Entre los animales domésticos tenés el perro y el gato que hacen lo que vos les enseñás o lo que vos querés. Nosotros no somos ‘domésticas’. Somos personas como cualquier otra que cumplimos una función. Queremos desterrar el término y por eso le pusimos al sindicato “empleadas en casa de familia” para que desde nuestro nombre y desde la raíz quede claro.”

El SECFER surgió en 2006, cuando todavía el proyecto de ley que está siendo tratado en el Congreso era un sueño. En ese entonces, apenas cinco compañeras comenzaron a reunirse: “lo que nos motivó es nuestra experiencia diaria como trabajadoras y lo que vivimos desde chicas, porque también somos hijas de empleadas en casas de familia. Entonces, las necesidades que vimos de chicas después pasamos a vivirlas nosotras. Ahí se ve la relevancia de luchar para que esto cambie y de estar presente de otra manera que no sea sólo pelear con mi empleadora. O sea, hacer algo más grande” cuenta Muñoz en relación a los inicios.

Esta motivación las llevó a interiorizarse del régimen que regula la actividad. Así descubrieron que la norma que rige es el Decreto Ley (326) de 1956, sancionado por el gobierno de facto autodenominado “Revolución Libertadora”. En su articulado dicho decreto no respeta los derechos humanos ni se corresponde con la Ley de Contrato de Trabajo. Así es que el trabajador queda en muchos aspectos a merced de la voluntad de su empleador. Manuela Muñoz evalúa la legislación vigente de este modo: “en el Decreto tenés la protección mínima. Supuestamente marca un tipo de jornada, digo ‘supuestamente’ porque queda muy abstracto. Tampoco se lo quiere limitar mucho al empleador. La obligación del aporte existe desde aquel entonces. No hay relación de dependencia pero te tienen que aportar. Eso acá no existía. No se sabía tampoco”.

Fue el clásico de “boca en boca” la mejor vía de comunicación para que más mujeres se interesen por sus derechos y se pusieran en contacto con la organización sindical. Así es que, en la actualidad, el sindicato sigue cuenta con más de 600 afiliadas. En relación al modo en que reciben a las nuevas compañeras, Muñoz señala “queremos que le quede claro que el sindicato no va a ir a hacerle un problema al trabajo de ellas o algo que les quite el empleo. Nuestra primera función es mantener la fuente laboral porque siempre detrás de una trabajadora hay una familia”.

Dado el alto índice de informalidad que afecta al sector, no existen datos ciertos en cuanto al número de personas que se desempeñan en la actividad. Algunos arriesgan que en Entre Ríos hay 40 mil empleadas en casas particulares; en Argentina serían un millón. El único relevamiento con que cuenta el Sindicato señala que el empleo aumentó en un 14% y que el trabajo registrado se elevó en un 11%.

Un dato social y económico relevante es que el 80% de las empleadas sostienen solas a su familia “porque el marido tuvo una dificultad económica, o porque son madres solteras, o porque se divorcian” dice la Secretaria General del SECFER. “Nos encontramos con todas estas realidades y para que ellas entiendan que lo único que nosotros pretendemos es que sepan defenderse, tenemos que empezar de cero. Aclararles cómo empezamos, enseñarles el decreto, explicarles la nueva ley y cuáles serían las modificaciones”.

Desde SECFER evalúan como “muy positivo” el proyecto de ley del Estatuto para Trabajadores de Casas Particulares que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. En el Senado la iniciativa se encuentra en comisión. Entre otros puntos, si se aprueba la nueva normativa los empleados estarán comprendidos dentro de la Ley de contratos trabajo; el salario mínimo será fijado por el Convenio Colectivo; la jornada no podrá superar las ocho horas diarias y las 48 horas semanales; el descanso garantizado será de 35 horas entre el sábado y el lunes; las vacaciones deberán ser entre diciembre y marzo; habrá licencia por maternidad de 90 días (que pagaría el ANSES), además de licencias por enfermedad, cuidado de familiar enfermo y por estudio; también se modificará el pago de indemnización por despido y el pago de aguinaldo.

Si se conquistan estos derechos no se está más que equiparando esta actividad particular con resto de los trabajos. Esta es la pauta que indica la situación de explotación en la que se encuentra sumido este sector de la clase trabajadora. Muñoz a esto lo entiende de una manera sencilla: “No pedimos gran cosa. Simplemente ser reconocidas como trabajadoras”.

A nivel nacional, hay muchas agrupaciones en formación que buscan defender los derechos de los trabajadores del sector. Según Muñoz, existen “muchos intereses de agruparse. Nadie está haciendo oídos sordos. Lo importante es que dentro de la CTA encuentran un lugar donde juntarse y organizarse. Entonces, no estamos solas. Está aquella cosa que entre todas vamos a poder.”

Fuente: Angel Ludueña, periodista, Secretario Adjunto de la CTA Río Cuarto; Franco Giorda, Equipo de Comunicación de la CTA Paraná

Artículo publicado en el Periódico de la CTA N°76, correspondiente al mes de mayo de 2011