Estatales van nuevamente a la Justicia por el aguinaldo

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Los sindicatos ATE, AJB y CICOP realizaron esta mañana una presentación judicial en la que plantean la inconstitucionalidad y el pedido de nulidad del decreto provincial 558/12, que pretende reglamentar el fraccionamiento del aguinaldo. La semana pasada la Justicia había ordenado el pago del SAC en tiempo y forma.

El gobernador Daniel Scioli, a través de la Jefatura de Gabinete, publicó en el decreto que “se verifica una profundización de la crisis económica internacional, que ha incidido directamente en la economía nacional y provincial, generando una imprevisible desaceleración en la tasa de crecimiento de los recursos presupuestados”.

Y por esa situación, argumenta, se “ha limitado el acceso a los mercados de capitales extranjeros”, lo que “incide en la disponibilidad de recursos existentes para afrontar el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC)”.

Frente a esta situación, ATE, AJB y CICOP se presentaron nuevamente en la Justicia, como ya lo habían hecho la semana pasada, logrando un fallo judicial que exigía el pago en tiempo y forma del medio aguinaldo.

Sin embargo, ante un nuevo intento del Gobernador que pretende reglamentar por decreto el fraccionamiento del SAC (Salario Anual Complementario), los gremios de la CTA le solicitaron a la Justicia que declare como inconstitucional y nulo el decreto provincial 558/12.

Entre los fundamentos expuestos por los sindicatos se encuentran que el decreto es inconstitucional, porque pretende alterar los derechos del trabajador, los cuales están contenidos en las leyes y nunca un decreto puede modificar una ley.

Por otra parte, la Provincia no explicita los fundamentos que la llevan a adoptar ese decreto cuando habla de crisis, ya que no detalla ni exhibe por qué y cómo está en esa situación, sino que solamente la menciona. En tanto, el Gobierno bonaerense se apoya en una ley que es la 13.767, la cual no está vinculada al aguinaldo y sólo es una norma relacionada a la administración financiera de la provincia.

Y, finalmente, se expresa la inconstitucional porque pretende aprobar el fraccionamiento del SAC cuando el artículo 39 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires sostiene que las condiciones laborales se negocian entre patrón y obrero, y el sueldo es, por ende, una condición laboral.

Mientras que en esta situación no existe negociación alguna sino que se trata de una imposición. Esta última razón hace que el pedido de los sindicatos ante la Justicia no sólo sea de inconstitucionalidad sino también de nulidad, porque todo lo que esté en contra del articulado 39 de la Constitución es nulo.