“Hoy jubilarse es un castigo”

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Graciela Iturraspe es diputada por la Unidad Popular (UP) e integra la Comisión de Previsión Social, entre otras. Trabajadora del ANSES, afiliada a ATE y la CTA, lleva adelante en el Congreso Nacional la esperanza de miles y miles de trabajadores pasivos que aspiran a que la jubilación deje de ser una condena.

No hace mucho, los jubilados que miércoles a miércoles se juntan en el Congreso te entregaron 200.000 firmas con todas sus expectativas. ¿Qué se siente cuando depositan en vos tantas esperanzas?

- Se siente una responsabilidad grande, la misma que sentimos todos los que estamos comprometidos con su lucha. Pero lo que los compañeros tienen claro es que ningún proyecto se gana solamente juntando firmas, o discutiendo aquí dentro. La única posibilidad es generar conciencia en el conjunto de nuestra sociedad a lo largo y a lo ancho del país. Por eso queremos juntar un millón de firmas.

¿Qué piden esas firmas?

- Presentamos un proyecto que fue un trabajo colectivo, no fue una creación individual de nadie. Prácticamente durante dos años, todos los miércoles nos juntábamos con Horacio González, el abogado previsionalista de ATE y la Central, con organizaciones de jubilados, con trabajadores del ANSES, del PAMI, de los institutos provinciales y de a poco fuimos pariendo nuestra Ley, que es como una ley marco, que le da estructura, que le da un formato legislativo a lo que son nuestros sueños.

El proyecto habla de un Instituto Nacional de Previsión social que separa el tema de la Seguridad Social –en su sentido más amplio– de los fondos previsionales. Para evitar esto que estamos viviendo hoy: el uso de los fondos del ANSES para cualquier fin menos los previsionales.

Sin duda es una cosa fantástica que todos los pibes del país puedan tener una netbook. Pero eso debería salir de las rentas generales, del Ministerio de Educación, pero no de los fondos previsionales. Ni hablar de los subsidios a las multinacionales o los planes de vivienda.

Este proyecto de ley también plantea el 82% móvil por cargo y función, para que ese valor sustitutivo realmente se mantenga. Plantea hacernos cargo como Estado de la desaparición del trabajo como lo supimos conocer, el trabajo sin adjetivaciones. En los últimos veinte años, diría yo, aprendimos a hablar del trabajo precario, del trabajo en negro, de pasantes, de becarios. Esa formas de explotación donde todos trabajan, pero no todos tienen la suerte de contar con servicios sociales, con aportes jubilatorios, con posibilidad de acceder a créditos.

¿Quién manejaría ese Instituto?

- Lo revolucionario de esta ley es que cambia el sujeto que decide sobre esos fondos. Plantea que el Directorio que va a conformar este Instituto Nacional de Previsión Social estará compuesto mayoritariamente por trabajadores.

Son nueve los miembros del directorio y siete son representantes de los trabajadores en actividad y de los trabajadores jubilados. Esos siete tienen que expresar las distintas regiones del país y se eligen por voto directo y secreto, y le quedan solamente dos al Ejecutivo.

La decisión sobre lo que se hace con los dineros previsionales tiene que ser de sus legítimos dueños. Por eso digo que lo subversivo, lo revolucionario es cambiar el “quién decide”.

Lo mismo se puede aplicar al PAMI.

- En el proyecto de ley que tenemos planteado con respecto al PAMI, también el tema es terminar con la intervención, normalizarlo y devolverles a los jubilados el control de su obra social.

El PAMI es un negocio infernal, es una cantidad de dinero que todos los jubilados y todos los trabajadores aportamos al sostenimiento del PAMI que nunca ha sido manejado por los trabajadores en forma mayoritaria, como lo dice su estatuto. Por supuesto no dice que tienen que ser elegidos por voto directo y secreto, eso lo ponemos nosotros en el proyecto; pero ya sería revolucionario solo volver a esa composición mayoritaria.

El actual funcionamiento permite esos nichos de corrupción, ese gran negocio que seguirá igual si no modificamos estructuralmente su conducción y sus fines. Y en este caso estamos hablando de la salud, de la vida y de la muerte, no solamente de los jubilados sino también de quienes tienen pensiones no contributivas, de los combatientes de Malvinas, de todos los desesperanzados que han ido a parar al PAMI.

El PAMI supo ser en una época una obra social de privilegio, porque tenía muy buenos servicios pero ahora nadie lo quiere porque la verdad es que también es una condena, otro castigo.

¿Y la asignación universal a la vejez?

- La gente no llega a los 65 años sin haber trabajado pero a veces no puede demostrarque trabajó. Por eso nosotros planteamos que cualquiera que llegue a los 65 años tiene que tener un haber mínimo, equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil. De ahí en más, planteamos para las personas que lleguen a la edad jubilatoria con menos de 30 años aportados, un 1% más por cada año trabajado hasta llegar a los que tienen los treinta años.

También planteamos que un trabajador que queda inválido, que tiene una enfermedad laboral que le impide seguir desarrollando sus tareas, va a poder tener la misma jubilación que si hubiera llegado a cumplir sus aportes jubilatorios.

Y también hay que recomponer la escala jubilatoria que supo haber en este país. En el año ‘93, antes de la reforma del menemismo y antes de la privatización del sistema, sólo el 25% cobraba la mínima. Hoy la cobra el 81 % de los jubilados. Esto sucede por mala liquidación del Anses y por la decisión de la Presidenta de aumentar sólo la mínima con lo cual ha quedado emparejada con los que tenían haberes más altos.

Aumentos que resultan insuficientes.

- Claro, hoy existe una movilidad que son estos aumentos que dan dos veces al año –en marzo y en septiembre– sobre un cálculo bastante perverso que se basa en la recaudación. Toma dos índices de la recaudación y dice que el que dé menos es el que se va a aplicar para los aumentos jubilatorios. Nosotros planteamos en este proyecto de ley que la movilidad tiene que estar atada a la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad.

Primero porque recupera la condición de trabajador del jubilado y segundo, porque sigue atado a las luchas de la clase trabajadora por tener un salario digno.

Para ello utilizamos, dos índices, uno es el del INDEC –que puede ser risible en este momento, pero nosotros aspiramos a recuperar el INDEC en algún momento– y el otro es el del Ministerio de Trabajo para medir la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad.Y decimos, “el que dé más es el que será aplicado”.

¿Hay fondos para eso?

- Si se aplicara el proyecto presentado por el compañero diputado Claudio Lozano de restitución de los aportes patronales que condonó Menem, sí habría fondos. El proyecto de Claudio plantea restituírselo sólo a las grandes empresas, a las que tengan más de cuarenta trabajadores y permitiría recaudar 77 mil millones de pesos más para el ANSES todos los años. El problema es que no lo quieren discutir.

Lo mismo con la imprescindible reforma tributaria que tampoco ha querido discutir este gobierno, ni los anteriores–, que grave realmente a los poderosos, que grave el juego, las transacciones financieras, la extracción minera, a los poderosos de este país. Es inconcebible que los trabajadores paguemos impuesto a las ganancias pero no lo hacen los que timbean en la bolsa con acciones.

Está también el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses, que tiene actualmente 220 mil millones de pesos. Este fondo fue conformando con el aporte de los trabajadores en actividad, con lo que se recuperó de lo que había quedado de las AFJP pero se está haciendo uso discrecional de esos fondos para distintas políticas no previsionales.

No hay voluntad política.

- Esto lo vimos muy claramente hace dos años, cuando se discutió el mal llamado 82% móvil. Digo mal llamado porque si bien era una mejora muy objetiva para los jubilados, estaba muy lejos de lo que proponemos nosotros. Era llegar al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, de eso hablábamos.

Cuando me toca hablar en una reunión, yo insistía con que el haber mínimo tenía que ser igual al salario mínimo, no el 82% del salario mínimo. Entonces el argumento del radicalismo era: “¿Sabés qué pasa? Nosotros pensamos que podemos llegar a ser gobierno nuevamente”. Claro, el botín político, que por ahora en este país se ha alternado entre el peronismo y el radicalismo, es para todos.

Todos se quieren apropiar de esa caja, porque históricamente fue así, desde que Perón creó las cajas de ahí se sacó la plata para financiar las políticas públicas. En esto hay un acuerdo de la corporación política, de los que piensan que pueden gobernar.

Esto tiene que ver con que ellos no creen en los derechos universales. Necesitan usar las políticas de premios y castigos, de transformar a los ciudadanos en clientes, de quitarles por un lado, la posibilidad de su propio protagonismo, pero por otro lado su dignidad: saber que pueden tener ese beneficio –sea cual fuere–, porque tienen derecho a tenerlo y que no es una dádiva que este gobierno u otro les da de acuerdo a su capacidad de genuflexión.

Entonces esto es un tema realmente estructural para nosotros, el tema de que los derechos sean derechos ciudadanos y no deben depender del manejo de nadie.

Por todo esto, como solés decir, jubilarse es un castigo.

- Jubilación es “jubileo”, disfrute, es el momento del jolgorio después de haberle dedicado treinta o cuarenta años a la construcción de este país desde el lugar de trabajo u oficio que a cada uno le tocó, eligió o desempeñó.

Pero en la realidad hoy, llegar a la edad jubilatoria es un castigo. Hasta tal punto es un castigo que yo siempre digo que mientras estamos en actividad nos aferramos a los lugares de trabajo porque al día siguiente, pasaremos a cobrar un 40% menos de lo que cobramos el día anterior. Entonces el deterioro en la calidad de vida que uno tenía es brutal.

Nosotros creemos que no está escrito en ningún lado, que una persona cuando llegue a vieja necesita menos para vivir que cuando está en actividad. Por eso, en este sentido es absolutamente indispensable restablecer el valor sustitutivo que debe tener la jubilación respecto a la actividad que uno desempeñaba y al salario que uno cobraba cuando estaba en actividad.

Todas estas cosas están contempladas, nuestros compañeros jubilados lo han trabajado, lo han procesado, conocen esta ley más que cualquiera de nosotros, pero necesitamos que esto se conozca en todos lados. Y tan importante como que la conozcan es que sepan que se puede porque si no la desesperanza va ganando a nuestra gente, a nuestro pueblo. Hay que romper con el imposibilismo, hay que romper con el “no se puede”, no solamente tenemos derecho sino que es posible.

Fuente: Equipo de Comunicación y Difusión de la CTA