ATE Junín

Asociación Trabajadores del Estado

Niñez y Adicciones en la Provincia: Vacío de políticas para los sectores mas sensibles

La Asociación Trabajadores del Estado hizo pública su postura respecto a las políticas relacionadas con la Niñez y las Adicciones en la Provincia de Buenos Aires.

La Asociación Trabajadores del Estado hizo pública su postura respecto a las políticas relacionadas con la Niñez y las Adicciones en la Provincia de Buenos Aires. Oscar de Isasi, Secretario General del gremio informó que en sendos documentos, “los trabajadores de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y los de la Subsecretaría de las Adicciones expresan sus demandas de mejores condiciones de trabajo, denuncian la critica situación que atraviesan estas áreas del Estado y exigen la urgente acción del gobierno de Scioli para tomar manos en asunto y aplicar los recursos necesarios en la atención de los sectores sociales que mas lo necesitan”.

Daniel Agüero, miembro del Consejo Directivo de ATE buenos Aires y referente del Área de Niñez del gremio expresó que “A ocho años de la sanción y a cinco años de la implementación de la Ley de promoción y Protección de los derechos de los niños y adolescentes (Ley 13.298), los trabajadores organizados en ATE venimos denunciando el incumplimiento de los alcances de la Ley y reclamando su plena aplicación”

Por su parte, María José Castesana, Secretaria de Finanzas de ATE y dirigente del Área de Salud dijo respecto de las Adicciones que “El Gobierno vulnera el derecho fundamental a la Salud, ocasionando perdida de espacios de tratamiento, prevención y promoción de derechos, instituciones públicas de abordaje de la problemática, de gratuidad, accesibilidad, universalidad, con extensión territorial y participación en proyectos comunitarios en los tres niveles de atención”

Niñez y Adolescencia: Los trabajadores venimos denunciando el incumplimiento de los alcances de la Ley y reclamando su plena aplicación

A ocho años de la sanción y a cinco años de la implementación de la Ley de promoción y Protección de los derechos de los niños y adolescentes (Ley 13.298), los trabajadores organizados en ATE venimos denunciando el incumplimiento de los alcances de la Ley y reclamando su plena aplicación. Esto se refleja en la falta de políticas públicas que tengan como fin restituir los derechos de los niños y sus familias.

Y se evidencia aún más cuando analizamos el presupuesto bonaerense, tendiente a priorizar la seguridad desde una visión netamente represiva sobre otras áreas como la social, salud, judicial o educación.

Otro aspecto del presupuesto es el manejo espúreo que se hace de la gestión: así en el año 2011, en el Marco de la Ley de presupuesto se autorizó a incrementar cien millones de pesos para el Ministerio de Desarrollo Social destinados a la creación de Servicios locales de Protección de Derechos según Ley 12.398. Este dinero nunca llegó a su destino e inclusive la Secretaría de Niñez dice desconocer su paradero.

Tampoco se ha conformado todavía la Comisión Interministerial estipulada en la Ley, imprescindible para la integralidad de la política. Por el contrario se puso el acento en una política más represiva en lo que atañe a los niños y adolescentes queriendo bajar la edad de punición, e incluso intentar aprobar el Código Contravencional impulsado por Scioli.

Todo esto repercute directamente en la atención diaria de los pibes y en las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Muestra de ello es la falta de personal adecuadamente capacitado. Durante años venimos reclamando capacitación para todos los trabajadores y en los dos últimos ofreciendo el Curso de promotores de Niñez dictado en el Instituto de Formación de ATE, cuestión que todavía no se ha concretado por no tener los funcionarios la decisión política para hacerlo.

La falta de personal trae consecuencias indeseables en la organización de los distintos dispositivos de atención a los pibes, teniendo que recurrir a las horas extras, cuestión esta, que expone a los trabajadores a una sobrecarga física y psíquica perturbando sus capacidades mentales y afectivas, lo que impide el normal desempeño que demande esta especial tarea.

Las condiciones edilicias en muchos de los casos son deplorables mostrando por ejemplo techos rotos, humedad en las paredes cañerías y calefacción que no funcionan correctamente, falta de mantenimiento y hasta hacinamiento en algunos de ellos. Todo esto afecta y perjudica la estadía de los chicos como la labor de los trabajadores.

Muchas actividades extraescolares, como distintivos talleres se ven afectados en sus actividades por la falta de recursos, ante la cual se resienten y o resignan muchos objetivos diseñados para completar y recrear aspectos que forman a las personas más allá del aula.

Los traslados realizados con los jóvenes ya sea a escuelas, comparendos o instituciones de salud no se diagraman debidamente, con lo que se malgastan recursos y hasta se inutilizan. Para citar un ejemplo: desde La Plata un móvil va a buscar a Bahía Blanca un chico que debe presentarse ante un juez en Azul. No hay una reglamentación institucional acorde al nuevo paradigma legal, dejando al criterio de las autoridades de las distintas Instituciones la elaboración del régimen de vida, muchas veces con resabios del Patronato.

En lo referente a las Instituciones tercerizadas como clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas para la atención de las adicciones no existen desde el ejecutivo provincial a través de la Secretaría de Niñez o del Ministerio de Salud supervisiones (entendiéndose estas como acompañamiento institucional de evaluación y formación) y controles adecuados, ya que hace unos años el área que se ocupaba de hacerlo fue desmantelada y nunca hasta ahora se volvió a conformar una con personaje suficiente, teniendo en cuenta que se da atención a alrededor de 500 pibes en distintas clínicas y comunidades repartidas en toda la provincia de Buenos Aires.

Estas carencias, recursos mal administrados, trabajadores sobrecargados, clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas ineficientes respecto a la rehabilitación de los jóvenes y niños muestran como contrapartida la inexistencia de una política de salud mental pública para personas menores de edad. En adicciones, si bien existen los CPA dependientes de la Subsecretaría de Adicciones del Ministerio de Salud los trabajadores también sufren la precariedad del sistema y la desidia de sus autoridades.

Adicciones: El cierre de Centros es la política deliberada de desfinanciamiento de la Salud

Cierre de unidades de desintoxicación. Cierre del Pabellón de Open Door. Desguace de los equipos de asistencia y prevención de los CPA. Deterioro de los recursos físicos y humanos de la Red. Falta de reconocimiento a los trabajadores. Funcionarios ineptos. Maltrato laboral. Desalojo de Centros, falta de capacitación y actualización de los equipos, ausencia de programas y estrategias de trabajo, falta de estudios epidemiológicos, falta de personal de maestranza y recursos en áreas críticas, etc.

La situación de la SADA sigue igual y peor. ¿Cómo continuar ante el desarme diario de todo dispositivo de intervención especializado? Al presente: La situación de los inmuebles de los Centros de atención (se hallan) con inminente desalojo, a razón de que se debe un año en el pago de alquileres, el cierre de Centros es la política deliberada de desfinanciamiento de la Salud (en asistencia de las adicciones y consumo problemático de sustancias). Están en la situación descripta los CPA de Los Hornos, Berazategui, Vicente López, Ramos Mejía, Adrogué, Monte Grande, Lanus, Mar del Plata, San Miguel, Bahía Blanca, Florencio Varela, City Bell, Ensenada, etc, etc.

Se arrastra desidia en decisiones políticas, como la perdida del lugar propio en el Hospital Centralongo del CPA de Vicente López, “echados” de ese lugar y llevado a otro para en la actualidad volver a ser desalojados por falta de pago de alquiler. Tampoco se sostuvo en el tiempo dispositivos alternativos como son los Hospital de Día y Casa de Mediodía.

Por otra parte se inauguran virtualmente dispositivos sin efectivizar las condiciones para su funcionamiento adecuado, como la Casa de DIA Para Mujeres de San Justo,

Los trabajadores organizados en ATE solicitamos al Subsecretario que arbitre los medios necesarios para: contar con recursos económicos en tiempo y forma que permitan afrontar los gastos de los CPA y CT propias. Garantizar los pagos e alquileres y renovación de contratos. Además le reclamamos entre otras cosas el pago de la Bonificación por tarea Especial para los trabajadores que ingresaron en 2011 a planta permanente como también para los que ingresaron en Marzo pasado. Pago de la Bonificación por Jardín Maternal, acorde a los valores actuales, Designación de personal, Condiciones dignas de trabajo y de atención para pacientes. Capacitación. Abrir ámbitos de trabajo para debatir el tema de las adicciones en las políticas públicas.