Quieren meter presos a militantes sociales

Los asesinos de Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro y Emilio Canaviri Álvarez caminan por la calle. Los gravísimos problemas habitacionales del sur porteño están lejos de resolverse. Pero el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires tiene una obsesión: meter presos a militantes populares.

Los fiscales Luis Cevasco y Claudia Barcia insisten en acusar de “usurpación” a quienes se pusieron al frente del reclamo de vivienda de las familias sin techo, luego de la toma del Parque Indoamericano. Entre los perseguidos, está Diosnel Pérez, secretario de Promoción Social de la Villa 20 y militante del Frente Popular Darío Santillán.

A continuación, la Carta Pública de organizaciones y legisladores contra la criminalización de la pobreza.

Carta pública: El Parque Indoamericano y la criminalización de la pobreza

Los abajo firmantes deseamos expresar nuestra profunda preocupación en el marco de la reapertura de la causa que fue iniciada en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad contra los referentes de las organizaciones sociales que participaron en diciembre de 2010, en los acontecimientos del parque Indoamericano. Como es de público conocimiento, luego de hechos de represión en los cuales murieron 3 personas, los Gobiernos de la Ciudad y la Nación anunciaron en conferencia de prensa un plan que resolvería el conflicto que le dio surgimiento a la toma: el déficit de acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. El acuerdo, anunciado el 14 de diciembre de 2010, contemplaba la presentación de un plan integral de viviendas que diera solución a la problemática habitacional de la Ciudad, en un plazo de 120 días. El financiamiento para la implementación del mismo, correría por partes iguales, por cada peso que invirtiera la Ciudad, la Nación pondría otro tanto. Estos anuncios fueron sólo promesas, y hasta ahora no se ha dado a conocer ningún plan que tenga por finalidad hacer efectivas las medidas anunciadas. Además, respecto de las tres personas asesinadas, no ha habido avances que dieran cuenta de quienes fueron los responsables penales de estos hechos. Sin embargo, sí ha habido avances en profundizar la criminalización de la pobreza y de la protesta social. En efecto, la única política implementada en relación con los sucesos de diciembre pasado consistió en el accionar del Ministerio Público Fiscal iniciando causas penales contra los referentes de las organizaciones que luchan por el acceso a la vivienda. Contrariamente con lo solicitado por la fiscalía, la jueza de primera instancia determinó la inexistencia del delito de usurpación del Indoamericano, bajo el entendimiento de que lo sucedido en diciembre excedía el marco del derecho penal y que se enrolaba en una cuestión social. De esta manera, y a pesar de contar con una resolución judicial que expresamente determina la inadecuación del derecho penal en estos casos, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad insiste en juzgar a los referentes sociales que participaron del proceso, apelando la sentencia y solicitando el apartamiento de la magistrada.

Este enfoque y entendimiento de los conflictos no es exclusivo del citado Ministerio. En estos días, la sala I de la Cámara de apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA resolvió que no se apartará a la jueza, pero sí se realizará la reapertura de la causa, ya que si bien en “la gran mayoría de los procesos subyace una cuestión social que puede justificar, agravar o atenuar el reproche penal, empero resulta excesiva esa invocación genérica y voluntarista para agotar, prematuramente, la investigación en torno a los hechos bajo análisis”. Es preocupante que los magistrados de la Cámara entiendan cómo una “invocación genérica y voluntarista” considerar que hay cuestiones sociales que exceden el marco penal en un contexto en el cual más de un 15% de la población de la ciudad no goza de una vivienda digna.

Por todo lo dicho, observamos con profunda preocupación que la única respuesta del estado provenga del derecho penal, ya que ante la vulneración de derechos fundamentales la única respuesta estatal valida debiera ser garantizar su efectivo cumplimiento.

Mientras éstas sean las únicas respuestas de los gobiernos, la conflictividad en torno a la vulneración del derecho a la vivienda y al suelo, seguirá presente y podría profundizarse, tal como queda reflejado en los recientes hechos en Jujuy. Estas respuestas estatales son contrarias a nuestra constitución local que reconoce ampliamente los derechos sociales y específicamente ordena desarrollar políticas para superar las condiciones de pobreza (cfr. art.17 CCBA).

Los poderes del Estado, por acción y omisión configuran una intervención pública que funciona como advertencia a los más pobres: el derecho a la vivienda es para unos pocos, los que se resistan a este estado de cosas serán disciplinados a través del derecho penal.

Es por ello que más allá de manifestar nuestra preocupación, por medio de estas líneas, llamamos especialmente a las autoridades políticas responsables a no continuar criminalizando la pobreza y las acciones de quienes luchan por el acceso a la vivienda digna y a cumplir, sin más dilación, los acuerdos que han anunciado en diciembre de 2010 a los fines de resolver la problemática habitacional existente en la Ciudad de Buenos Aires, en conformidad con el respeto a los compromisos internacionales de derechos humanos y a lo ordenado por las constituciones local y nacional.

Para adherir: villas@acij.org.ar

Más información: Diosnel Pérez 011 155 923 5552

Fuente: www.prensadefrente.org