El Gobierno liberó 11.172 vacantes del SINEP. Mientras algunos sectores confunden la regularización del empleo precario con la contratación de nuevos agentes, ATE explica que el proceso estabilización no puede tener demoras burocráticas que lo pongan en riesgo.

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa 1086 que liberó 11.172 vacantes del SINEP para el agrupamiento profesional, que brindaría a trabajadoras y trabajadores estatales con antigüedades de más de 5 años (y hasta de 10, 15 o incluso 20) una estabilidad laboral que por la Ley de Empleo y por el Convenio Colectivo de Trabajo ya deberían tener, se generó a nivel mediático una confusión entre esa regularización laboral con la ampliación del gasto fiscal.

Desde ATE se explicó no solamente que se trata de garantizar la estabilidad en el empleo de las y los trabajadores, sino que además es necesario que se sorteen las dilaciones burocráticas para la concreción de dicho proceso, porque si no se corre el riesgo de que el mismo quede trunco.

El Director del Departamento de Negociación Colectiva de ATE Nacional, Flavio Vergara, afirmó: “Desde ATE celebramos esto porque lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Quienes atacan la medida dicen que el Gobierno está incorporando gente, pero esto claramente no es ninguna incorporación, sino que se trata de un proceso de regularización de compañeros y compañeras que ya vienen trabajando y que el Estado viene conservando ilegalmente como personal contratado. Tanto la Ley de Empleo como el Convenio Colectivo de Trabajo dicen que se puede tener solamente a un 15 por ciento del personal como contratado para tareas estacionales no permanentes. Alguien que está trabajando hace cinco, diez o quince años cumple tareas habituales y permanentes, con lo cual esta medida es para darle el estatus de trabajador con estabilidad que corresponde, en lugar de tenerlo como precario. Pero además el porcentaje de contratadas y contratados era próximo al 60 por ciento”.

El dirigente de ATE Nacional continuó: “Insisto, como organización nosotros celebramos esto porque una de las actas a las que suscribimos era la de la liberación de estas vacantes. Nosotros habíamos acordado que había un proceso, que era el Concursar 2.0, que era para regularizar a 30 mil trabajadoras y trabajadores que estaban relevados en ese momento del agrupamiento general. O sea, compañeros y compañeras sin título profesional y que tienen título terciario o alguna especialización de otro tipo. Al día de hoy este proceso tiene 9 mil cargos en concurso, y nos están faltando alrededor de 16 mil cargos para poder regularizar en ese plano”.

“De los cargos que estamos concursando ahora tenemos alrededor de 1.700 para los que se están armando los comités. También hay algo así como 3 mil que están en proceso de concurso, y 6 mil que están con los órdenes de mérito esperando las designaciones. Y ahí hay un problema que para nosotros es crucial y por eso venimos discutiéndoselo al Gobierno con mucha intensidad: La Ley de Empleo y el Convenio Colectivo hablan de que hay un período de prueba de 12 meses para que las trabajadoras y los trabajadores adquieran la estabilidad, porque tienen que demostrar que, efectivamente, cumplen con la capacidad de ejercer el puesto por el cual concursaron, pero quienes tienen más de cinco años de trabajo ya demostraron que tienen esa idoneidad y lo que estamos haciendo es regularizar una situación irregular que el propio Estado generó, entonces no encontramos el punto de equilibrio en que el Gobierno comprenda que no puede aplicar la ley a alguien que ya estaba como a quien recién ingresa. Ahí hay una controversia fuerte que nosotros estamos planteando”, manifestó el Director del Departamento de Negociación Colectiva de ATE.

“Vamos a seguir discutiendo en la reapertura de Paritaria de enero, y en la próxima Paritaria también, para que esto se resuelva de manera inmediata, porque no es justo que las y los laburantes tengan que estar llevando esta cruz que cargan desde hace tanto tiempo. El Gobierno debería abrazar a las trabajadoras y a los trabajadores si quiere continuar con el mandato pasado el 2023”, añadió el dirigente.

“La verdadera discusión debería ser cuántos trabajadores y trabajadoras más hacen falta para cumplir cabalmente con las políticas públicas para proteger a nuestro pueblo, para poner freno a la voracidad de los grupos económicos y para garantizar una justa distribución de la riqueza en nuestra Patria”, cerró Vergara.