La Comisión de Legislación Penal de Diputados aprobó un dictamen de ley para la despenalización del aborto y la reforma del Código Civil, el primer paso para habilitar el tratamiento en el recinto de la Cámara baja, previsiblemente en 2012. Antes pasará por las comisiones de Familia y de Salud. La CTA estuvo presente en esta jornada histórica a través de su secretaria de Género, Alejandra Angriman.
500 mujeres mueren por año por abortos mal realizados en la clandestinidad. Desde el fin de la última dictadura militar, 3 mil mujeres han perdido la vida por no gozar de una ley que permita la realización de abortos en condiciones dignas. “Es una deuda que la democracia tiene con las mujeres”, dijo en diálogo con ACTA Dora Martínez, secretaria gremial de la CTA Capital. La trabajadora de salud pública y mental e integrante de ATE agregó: “hace años que venimos peleando contra un modelo que intenta disciplinar con los bajos salarios, con los no reconocimientos de las tareas: la feminización de la pobreza es una realidad en el continente y también en Argentina”.
Mientras un grupo de jóvenes de Las Rojas (MST) cantaban contra el Opus Dei, el brazo más conservador y represor de la Iglesia Católica, Alicia Coca, delegada de Sitos-CTA y también trabajadora de la salud enfatizó: “estamos pidiendo que los legisladores se hagan cargo de la deuda que tienen con las mujeres. Nuestras mujeres necesitan educación para poder decidir sobre su cuerpo, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. En este país se practican abortos ilegales todos los días: la legalización debe ser una política de Estado”.
El proyecto de ley presentado a Diputados propone permitir la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. “La mayoría de las mujeres pasamos por esta experiencia pero de manera clandestina, con mucho miedo. Lo que necesitan nuestras hijas es que no se sea más hipócrita. La ley no tiene que ver con si se cree o no se cree, o si se es católico o no, tiene que ver con una política de Estado, con una necesidad que tienen sobre todo las clases más bajas. Es una cuestión de justicia social y distribución de la riqueza para que todas las mujeres tengan acceso a la salud pública”, explicó Coca.
La trabajadora de la salud llamó también a organizar campañas de salud y de educación sexual de calidad en un país donde todavía existen la salud y la educación públicas. “Creemos que más allá de lo que piense la Presidenta, están los legisladores que deben legislar desde la realidad y no desde la Fe. Pónganse en el lugar de las mujeres, de los millones de mujeres que pasan por esto y que necesitan una legislación que las ampare. En general son de sectores pobres y llegan al hospital casi desangrándose”, describió la realidad Alicia Coca.
Elena Reta, integrante de la Comisión Nacional de la CTA, agregó: “la democracia tiene una deuda con los derechos, principalmente con los de las mujeres jóvenes y pobres. Hay una hipocresía de la sociedad porque no se discute la autonomía en las decisiones de nuestros propios cuerpos y en esto se va la vida de nuestras mujeres jóvenes. En realidad es una cuestión de clase”, concluyó Reta.
“Es responsabilidad del Estado modificar la legislación para despenalizar y legalizar el aborto seguro como principio de salud pública y respeto por los derechos humanos”, aseveró Alejandra Angriman, secretaria de género de la CTA nacional luego de haber participado de los debates en el Parlamento que llevaron a la aprobación del histórico dictamen.