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Carlos Ferreres, Director del Departamento de Discapacidad de ATE Nacional, alertó sobre el grave desfinanciamiento que sufren las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación.
Un claro ejemplo de esta situación es la pérdida de capacidad operativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo clave para promover y aplicar políticas que garanticen el acceso a derechos fundamentales de este sector.
El ajuste del gobierno no solo se traduce en la pérdida de 500 empleos que atendían directamente a las personas con discapacidad, sino también en el cierre de los Centros de Referencia (CDR), la suspensión del inicio de trámites para obtener pensiones, atrasos salariales de prestadores debido a la falta de actualización del nomenclador y de las pensiones no contributivas, entre otras medidas que afectan el entramado social de este colectivo.
Además, el fuerte recorte en la coparticipación a las provincias limita aún más la capacidad de respuesta territorial, provocando la interrupción de prestaciones, tratamientos y la entrega de medicación esencial para la salud de las personas con discapacidad.
ARGENTINA FUERA DE LA OMS
Por otro lado, la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece el Clasificador Internacional de Funcionalidades (CIF) —norma internacional para describir y medir la salud y la discapacidad— deja a la ANDIS como única entidad para decidir si sigue utilizando dicho clasificador para otorgar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Esta situación abre la puerta a un uso discrecional por parte del directorio y el Consejo Federal.
Ante esta situación, diversos sectores se movilizaron el pasado miércoles frente al Congreso de la Nación para repudiar el deterioro social ocasionado por el Ejecutivo. Organizaciones sociales y políticas apoyan la declaración de una Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Esta ley propone actualizar los fondos para transportistas, acompañantes terapéuticos y prestadores, además de reactivar la entrega de pensiones por invalidez, las cuales en los últimos 14 meses solo se otorgaron en 586 casos de 500.000 solicitudes.
Sin embargo, los representantes del oficialismo en el Congreso rechazaron la iniciativa, argumentando que representa un gasto no prioritario y que buscan mantener el déficit cero. Incluso amenazan con el veto presidencial para impedir su aprobación en el Senado.
Carlos Ferreres expresó: “Nos queda la satisfacción de estar en la calle junto a quienes resisten este modelo de capitalismo duro que representa el presidente. Pero también la amargura de que este proyecto probablemente sea vetado. Desde ATE queremos que las personas con discapacidad tengan participación activa y sean protagonistas en la elaboración y gestión de políticas públicas, en línea con la Declaración Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene rango constitucional”.
PRINCIPALES RECLAMOS
- Protección de derechos en educación, atención integral, rehabilitación, transporte y trabajo.
- Un trato digno para las personas con discapacidad.
- Actualización urgente del nomenclador ante el colapso del sistema.
- Eliminación de auditorías sobre pensiones ya otorgadas y restitución inmediata de las que fueron suspendidas.
- Fortalecimiento de las Pensiones no Contributivas y que estas no sean incompatibles con empleos formales.
- Impulso al Régimen General de Empleo Protegido (Ley 26.816).
- Financiamiento adecuado para los programas de la ANDIS.
Esta crisis ya generó masivas movilizaciones en todo el país y cuenta con amplio respaldo de la comunidad. Lo que ocurre en discapacidad refleja la situación general de vaciamiento en muchos sectores del Estado, que afectan derechos constitucionales y tratados internacionales, y agravan la desigualdad estructural que históricamente vulnera a este colectivo.
