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Asociación Trabajadores del Estado

Un juicio oral y público a cinco años de una tragedia universitaria

El 5 de diciembre de 2007 una tragedia conmovió a la Universidad de Río Cuarto. La detonación ocurrió en la planta piloto de la Facultad de Ingeniería cuando un derrame de hexano (un solvente altamente inflamable) desató la explosión en cadena de los tambores que contenían el potentísimo hidrocarburo.

Fue un hecho estremecedor, agravado por las muertes del estudiante Juan Politano (22), los investigadores Carlos Ravera (64), Damián Cardarelli (43), Lilian Giacomelli (42), Gladys Baralla (52) y de Miguel Mattea (58), docente y director de la planta piloto donde se produjo la catástrofe. También resultaron heridas 26 personas.

El caso tomó actualidad en estos días, porque después de cuatro años y medio, el Juzgado Federal de Río Cuarto decidió elevar a juicio la causa. Por los hechos fueron procesados Carlos Bortis, ex vicedecano de Ingeniería y ex presidente de la Fundación UNRC; José Luis Pincini, ex secretario de Coordinación Técnica de la Universidad; Sergio Antonelli, ex secretario de Coordinación Técnica de Ingeniería; Miriam Ferrari, ex directora del Departamento de Tecnología Química; Edith Ducrós, ex vicedirectora del Departamento, y la única sobreviviente del grupo de investigación, Liliana Ruetsch.

“Es importante rescatar que pasados cinco años, la causa se haya elevado a juicio. Sabemos que a diferencia de otros casos, aquí hubo una investigación que puso el acento en procesar a las responsabilidades públicas. Nosotros participamos desde el principio como querellantes, porque entendemos que es nuestro deber como gremio contribuir al esclarecimiento de una tragedia que tuvo a la universidad pública como protagonista”, dijo a APN Jorge Adaro, secretario general de la Asociación Gremial Docente de Río Cuarto (AGD-CTA).

Aún así, el gremialista reconoció que no consideran que Liliana Ruestch sea responsable de la tragedia y pidieron su absolución porque “como miembro del equipo damnificado, también es otra víctima más”. Además, por el atraso de la investigación, el ex decano de la facultad de Ingeniería fue beneficiado por presentar la prescripción de la causa, al igual que profesionales de una empresa que hacía experimentos en el laboratorio donde ocurrió el siniestro.

Desde el gremio entienden que el juicio sacará a la luz los convenios entre universidades públicas, empresas y seguridad. “Hay dos líneas centrales de responsabilidades: una respecto a la empresa De Smet especialista a nivel internacional en extracción de aceites con solvente, quien fue la que por convenio encargó los estudios para optimizar el proceso, y la otra es la responsabilidad de la Universidad en relación a la seguridad en el trabajo, el descontrol en términos administrativos y de responsabilidades jerárquicas de tomas de decisiones”, especificó Adaro. En ambos casos hay personas imputadas y procesadas.

La justicia deberá demostrar, también, aquellas declaraciones que sostienen que docentes y alumnos denunciaron ante las autoridades anteriormente a la tragedia sobre el peligro que representaba la concentración de tanta cantidad de hexano en un lugar cerrado y sin ventilación. “Será un juicio modelo, en tanto pondrá el acento en la responsabilidad de una institución pública y educativa como lo es la universidad, y donde ocurrió una tragedia de una dimensión tan grave que desnuda la falta de control y los posibles nexos de corrupción entre las empresas privadas y las instituciones públicas”, enfatizó el gremialista.

Fuente: www.apn.org.ar