Bahía Blanca: Condena y cárcel común para 17 represores
De pronto la esquina de la Avenida Colón y calle Drago estalló en una fiesta. Dentro de la sala de audiencia el público coreó, casi instintivamente: “Como a los nazis, les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar.”
Eran las 20:15 y el Tribunal Oral en lo Criminal de Bahía Blanca, acababa de condenar a prisión perpetua a 14 represores y a penas de 18 y 17 años y medio a otros tres, por crímenes de lesa humanidad cometidos “en el marco del genocidio sufrido en nuestro país en la última dictadura cívico militar”, en jurisdicción del V Cuerpo del Ejército. Todas las condenas, dictaron los jueces, deberán ser cumplidas en cárcel común. Pero además de las altas penas impuestas a los represores, el fallo avanzó en las complicidades civiles: los jueces ordenaron investigar a los directivos del diario La Nueva Provincia, de la familia Massot, por la posible comisión de delitos de lesa humanidad, y a un sacerdote.
Las condenas de prisión perpetua recayeron sobre once integrantes del Ejército Argentino: el general de brigada (RE) Juan Manuel Bayón de 84 años; los coroneles retirados Mario Carlos Antonio Méndez, 58 años; Jorge Enrique Mansueto Swendsen, 79; Jorge Aníbal Masson, 58; Hugo Carlos Fantoni, 82; Norberto Eduardo Condal de 67 y Carlos Alberto Taffarel de 64; los tenientes coroneles retirados Osvaldo Bernardino Páez, 80; Walter Bartolomé Tejada, 81 y Jorge Horacio Granada, de 65 y el mayor retirado Hugo Jorge Delme, 75. También para tres de la Policía Federal: para Vicente Antonio Forchetti, de 82; Héctor Jorge Abelleira, de 71 y Héctor Arturo Goncalves de 69 años, integrantes de la Policía Federal que se desempeñaron durante la última dictadura militar en Viedma, provincia de Río Negro.
En tanto, el policía Carlos Contreras, de 64 años, fue condenado a la pena de 18 años, y los integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Héctor Luis Selaya, de 69 años y Reynaldo Miraglia, de 69, recibieron condenas de 17 años y seis meses de prisión cada uno.
Todos fueron condenados por secuestros, torturas y homicidios cometidos en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Escuelita contra 90 víctimas. Los militares Fantoni, Enrique Mansueto Swendsen y Delme también fueron condenados por el robo de los bebés de Alicia Romero y María Graciela Isurieta, nacidos en ese centro.
Durante una hora y media, los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava leyeron su veredicto en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS), ubicada en Colón 80, en pleno centro de la ciudad. Cada una de las condenas despertó algarabía del público, entre quienes se encontraban el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, su par de la Provincia, Guido Carlotto, los nietos recuperados Victoria Montenegro y el diputado nacional Horacio Pietragalla Corti, integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo, de Madres de Plaza de Mayo e HIJOS.
Una ola de aplausos emergió cuando en su fallo los jueces resolvieron por unanimidad “disponer que las penas sean de cumplimiento en prisiones comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal”. También pusieron punto final al beneficio de prisión domiciliaria del que gozaba el ahora condenado Fantoni.
“Satisfacción”, fue la palabra con que la integrante de HIJOS, Alejandra Santucho, describió la sensación que emergía junto con la alegría en las primeras horas de la noche en las puertas de la Universidad, donde desde un escenario, una serie de bandas de la zona musicalizó el festejo. “Pasamos tantos años de impunidad, que la justicia se festeja”, explicó y recordó que las penas fueron acordes a lo que habían pedido la fiscalía y las querellas. «
La NuevaProvincia, bajo la lupa
El fallo del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuelita de Bahía Blanca, continuó el camino de la búsqueda de los cómplices civiles con la última dictadura cívico militar y apuntó a los directivos del diario La Nueva Provincia, el histórico matutino bahiense perteneciente a la familia Massot. Ayer los jueces del TOCF de Bahía Blanca ordenaron investigar “la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de ese diario”, respecto de los casos en que ese matutino brindaba “información sobre supuestos enfrentamientos del Ejército con supuestos elementos subversivos”. También ordenaron investigar el accionar del sacerdote Aldo Omar Vara. Ese pedido había sido realizado por los fiscales Abel Córdoba y Horacio Azzolin en su alegato. “Hasta el día de hoy se siguen escribiendo los editoriales más autoritarios de la lengua española”, recordaron entonces.
“Este fallo resulta el puntapié inicial para avanzar con los civiles que tanto tuvieron que ver con todo lo que pasó en Bahía Blanca”, razonó, apenas salido del tribunal eldirector de Derechos Humanos de la Municipalidad bahiense, Pablo Reynafé.
