Trabajadores, jubilados y pensionados en riesgo por el traspaso de servicios estatales a la órbita privada.

“El conflicto es muy serio, se repica en todo el país, y significa un enorme perjuicio para los jubilados y los trabajadores”, sostuvo la diputada Graciela Iturraspe (UP), al referirse a la incorporación de sistemas privados de emergencia para realizar traslados de pacientes del Pami (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), en Rosario, provincia de Santa Fe.

Al respecto sostuvo que “hace años que los trabajadores viven una situación critica, a la que se van sumando otras problemáticas. Estamos frente a un vaciamiento, no es válida la tercerización. De una vez por todas hay que entender que la Salud es un derecho esencial y no una mercancía”.

Por otro lado, esta alarmante situación que se registra en Pami 1 y Pami2, que pone en riesgo las fuentes de trabajo de más de trescientos trabajadores, viene siendo denunciada por ATE.

Por último, también hay una gran precarización laboral “la falta de contratación en áreas criticas de profesionales en terapia intensiva y guardia medica en algunos hospitales. Estos servicios claves para una atención mínima y adecuada se encuentran atendidos por trabajadores contratados como locación de servicio con meses de demoras en el cobro de sus haberes”, finalizó.