Según datos proporcionados por el Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina, suman 22 los militantes populares asesinados en las protestas sociales o con motivo de la disputa por la tierra en todo el país en el término de los últimos tres años. La CORREPI dice que suman 20 muertos en el mismo período. La Ley Antiterrorista al mango.

Facundo Vargas tenía apenas 17 años cuando el 16 de enero de 2010, durante una manifestación en Pacheco contra el Gobierno, fue asesinado de un tiro por la Policía Bonaerense. Se van a cumplir tres años del crimen, tres años en los que, con las dos muertes conocidas ayer en Rosario, la lista de manifestantes asesinados en distintas protestas ya acumula 22 casos .

La cifra fue confeccionada por los organismos de derechos humanos que habitualmente participan de las marchas en reclamo de que cese la judicialización y criminalización de la protesta social.

Es más, son los que habitualmente condenan “la criminalización de la protesta social” que según sus miembros se impulsa desde la cima de la Casa Rosada para “atemorizar”. Así lo expresaron, por caso, en el acto del jueves pasado en Plaza de Mayo, durante la conmemoración de los once años de la crisis que puso fin al gobierno de De la Rúa.

Esta lista de fallecidos en manifestaciones sociales la integran, entre otros, los ocupantes del Parque Indoamericano, los aborígenes de la comunidad Qom asesinados en Formosa mientras defendían sus tierras hasta el joven del Partido Obrero Mariano Ferreyra, acribillado luego de una protesta en la estación de trenes de Avellaneda por gremialistas que respondían a la Unión Ferroviaria.

“El máximo responsable de todas estas muertes, la mayoría producidas en conflictos de tierras, es, como lo dicen todas las leyes, el Estado. Y no es porque nosotros seamos antioficialistas. Es así, la responsabilidad es del Gobierno”, sostiene Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) sostiene que no son 22 los muertos en los últimos tres años sino 20. Pero el diagnóstico no cambia.

La Coordinadora puntualiza que hay una represión contra las manifestaciones sociales que parte del Gobierno para “disciplinar al pueblo trabajador” que sufre las consecuencias del “modelo”. María del Carmen Verdú, abogada de la CORREPI, cree que “la criminalización de la protesta es otra forma de la política represiva” del Gobierno y advierte que fue esta administración la que impulsó “la Ley Antiterrorista ordenada por el imperialismo estadounidense” para castigar a quienes no comulgan con la política oficial.

Cabe consignar que la CTA convocó a un amplio espectro de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y culturales a movilizarse a la Plaza de Mayo contra la sanción de esta ley requerida por los organismos multinacionales en el mes de diciembre del año pasado, y que en febrero de 2012 llevó adelante una multitudinaria marcha hacia el Congreso de la Nación para reclamar la derogación de esta normativa dirigida a criminalizar la protesta social.