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¿Por qué si la Argentina produce para que 450 millones de personas puedan comer los alimentos que le hace falta, tenemos más de 4 millones y medios de personas que pasan hambre? Esta y otras preguntas fueron debatidas el martes pasado en la sede de ATE, en una charla enmarcada en la campaña por una ley marco de derecho a la alimentación adecuada, con seguridad y soberanía alimentaria.
El ante proyecto es impulsado por la diputada nacional de Unidad Popular (UP), Liliana Parada y dirigentes del espectro político. Durante su presentación en la sala Eva Perón del Consejo Directivo Nacional, estuvieron presentes trabajadores del INTI, INTA, SeNaSA, Agricultura Familiar y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Adhieren a él cátedras universitarias de soberanía alimentaria y entidades como la Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios, cuya responsable es la compañera dirigente de ATE nacional, Carina Maloberti.
La Secretaria de Organización de ATE, Silvia León, fue la encargada de introducir la exposición de la que fueron parte Julio Fuentes, Secretario General de ATE; Víctor De Gennaro, diputado nacional; Verónica Huilipán, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y dirigente nacional de la CTA; Myriam Gorban, de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición; Walter Acosta, veterinario del SeNaSA y colaborador de la Asociación Comunitaria Sur; y Sol Triano, del equipo asistente de la diputada Liliana Parada.
“¿Somos un país productor de alimentos? ¿Qué alimentos produce nuestra tierra? ¿Esa producción está al servicio de las necesidades de nuestro pueblo o de otro, como el de China?”, peguntó Julio Fuentes en su alocución. “Vivimos con desinformación y el Estado hoy en día no tiene posibilidad de controlar la producción. Sabemos que su estructura actual es impotente para hacerlo, más allá de que en algunos casos además no haya decisión política. Como trabajadores del Estado tenemos una obligación: a veces somos los primeros que accedemos a algún tipo de información de este tipo. Tenemos entonces la obligación moral de darla a conocer a nuestro pueblo. No podemos ser cómplices de las políticas de determinados gobiernos”, expresó.
Luego fue el turno de Myriam Gorban, quien precisó que el alimento producido para 400 millones de personas, en realidad, está destinado mayormente a cerdos y automóviles. El nudo del problema, según ella, es la concentración y transnacionalización de la economía argentina.
“Además de la falta de empleo, precios altos y comercio injusto: las tres patas que llevan al hambre y sobre las que el gobierno ni el campo hablaron durante el conflicto de la 125”, espetó.
Verónica Huilipán, por su parte, habló desde su pertenencia mapuche, sobre el modo de alimentación de los pueblos originarios en una relación sustentable con la naturaleza. “Los mapuches estamos distribuidos en diferentes jurisdicciones nacionales y provinciales. El problema para sostener nuestra soberanía alimentaria es que el sistema la considera ilegal, porque es ilegal transitar libremente la mercadería que consumimos. Algo que también sucede con la medicina”, explicó la compañera.
La alimentación como derecho humano, la defensa de los bienes comunes y la planificación de subsidios son quizás los ejes troncales del proyecto de ley que delinea Liliana Parada y que fue desarrollado por Sol Triano. La diputada coordina en la Argentina el Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre en América Latina y el Caribe, constituido por un trasvasamiento de espacios políticos que también impulsa el diseño de la ley marco en nuestro país.
Antes del cierre, el trabajador de SeNaSA y militante de ATE Walter Acosta dio a conocer el trabajo realizado por la Asociación Comunitaria Sur, una entidad que funciona en un predio ganado por la lucha de los trabajadores. Allí funciona un criadero y una huerta orgánica que abastece comedores populares y comercializa alimentos para las familias trabajadoras. Una experiencia que se ha convertido en modelo de una producción alternativa encarnada por los trabajadores organizados.
Este tipo de experiencia, como la del FreNaPo o la de los pueblos originarios fue rescatada por Víctor De Gennaro como acciones de gobierno. Introdujo este concepto, para distinguir al Estado del gobierno.
“Necesitamos discutir que rol de Estado queremos y qué gobierno necesitamos para que discuta el rol del Estado. No es el Estado el que defiende las transnacionales, sino la dirección que le imprime el gobierno”.
El diputado de UP y fundador de la CTA detalló la concentración en la economía al indicar que, en 1997, 200 empresas facturaron el 11,3% del PBI, mientras que en 2012, otras 200 facturaron el 21,6%. Por otro lado, de las 200 empresas que más producían en 2004, 104 eran extranjeras y en 2012, ascendieron a 128, lo que explica el proceso de extranjerización.
“Concentración y extranjerización de la riqueza con sometimiento de nuestro pueblo es la política del gobierno para el Estado. El hambre, su herramienta de disciplinamiento”, finalizó De Gennaro.
Fuente: www.eltrabajadordelestado.org
