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Con 61 votos a favor, el proyecto fue convertido en ley a menos de una semana de que fuera aprobado por la Cámara de Diputados.
La iniciativa prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional y establece un incremento al menos el 50 por ciento “de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición“.
De esta manera, obliga al Ejecutivo a reasignar partidas por 10.000 millones de pesos.
Qué implica la ley
El proyecto aprobado ya por Diputados y Senadores, establece que la Emergencia Alimentaria se prorroga hasta 2022 y se dispone un aumento del 50% de las partidas destinadas a las políticas nacionales de alimentación y nutrición contempladas en el presupuesto de este año.
En la iniciativa se establece que deberá otorgar “como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.
También se autoriza a partir del 1 de enero del año 2020, y hasta que dure la emergencia, al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencia el aumento de la inflación y la variación de los productos de la canasta básica.
A lo largo de la ley se establece que “el derecho humano a una alimentación adecuada: se asume como una política de Estado que respetará, protegerá y promoverá un enfoque integral dentro de un marco de políticas públicas contemplada en cada “Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional” que apruebe el Congreso de la Nación.
