MORATORIA PREVISIONAL | El CNJyP exige la ampliación de derechos para tener una adultez digna
El CNJyP exige al Gobierno que abra el debate para legislar una ley que permita regularizar los años faltantes en concepto de aportes.
En julio del 2022 vence la posibilidad de acceder a la moratoria dada por la ley 26.970 para las mujeres.
El Centro Nacional de Jubilados/as y Pensionados/as elaboró un documento exigiendo al Gobierno que abra el debate para legislar una ley que permita regularizar los años faltantes en concepto de aportes sin limitaciones temporales, sin distinción de género, con el único objeto de garantizar el acceso al derecho a una jubilación para el desarrollo de una adultez digna (Art. 14 Bis 3 párrafo CN).
Breve reseña histórica
Esta política benefició y beneficia a hombres y mujeres que no alcanzan el requisito de 30 años de aportes que exige la ley 24.241, ya sea por haber trabajado de forma irregular o en empresas que a la fecha no existen o quebraron y no han ingresado los aportes y contribuciones oportunamente en los organismos de seguridad social o en el caso de las mujeres por dedicarse a las tareas de cuidado y reproducción de la fuerza de trabajo.
El régimen de moratorias permite a los y las trabajadores en relación de dependencia que se encuentran en edad jubilatoria (60 años mujeres / 65 años hombres), pero no reclutan los 30 años de servicios con aportes, que puedan hacerlo a través de la adhesión al régimen de regularización de deuda previsional, completando así los años de aportes faltantes.
En esta línea se sancionaron dos moratorias: la Ley 24.476; y la Ley 26.970; que permitió a hombres y mujeres comprar los años de aportes faltantes, que se encontraban comprendidos entre el 01/01/1955 al 31/12/2003 y desde los 18 años de edad.
En la actualidad esta moratoria (ley 26.970) se encuentra vigente SÓLO para MUJERES, entre 60 y menos de 65 años de edad, y su vigencia caduca el próximo 23 de julio de 2022.
PROPUESTA SUPERADORA
Desde el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE congeniamos con las políticas de inclusión previsional, bregamos por que el espíritu que impulso la sanción de las leyes 24.476 y 26.970 vuelva a pronunciarse.
Es por ello que desde este colectivo exigimos al Gobierno Nacional a que abra el debate para legislar una ley que permita a los trabajadores y las trabajadoras de nuestra nación, en edad jubilatoria, a regularizar los años faltantes en concepto de aportes, sin limitaciones temporales, sin distinción de género, con el único objeto de garantizar el acceso al derecho a una jubilación para el desarrollo de una adultez digna (Art. 14 Bis 3 párrafo CN).
Una política pública de inclusión previsional, permitirá mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, promoverá el consumo y generará movimiento en el mundo de trabajo.
Especialmente, remediará a nuestras Mujeres Trabajadoras, quienes no perciben salario a cambio de la labor -invariable, inagotable y dura- de organizar y desarrollar las tareas del hogar, del cuidado de los hijos y la familia.
Si bien el beneficio establecido por Decreto 475/21, que permite reconocer aportes por tareas de cuidado, es correcto -y lo celebramos- es insuficiente, sin una nueva ley de inclusión previsional.
Por todo lo expuesto es que proponemos y exigimos al gobierno nacional, la defensa y protección integral de los trabajadores y trabajadoras mayores a través de una seguridad social conforme a los principios de nuestra Constitución Nacional, vinculada al trabajo.
Insistimos, que es fundamental recuperar la autonomía de las decisiones políticas y económicas por parte del Estado, en relación a los organismos financieros internacionales y que ante todo hay que saldar la deuda con nuestro pueblo trabajador.
