A 7 años del asesinato del compañero docente Carlos Fuentealba
Siete años atrás, docentes neuquinos en huelga por aumento salarial votaron en asamblea realizar un corte sobre la Ruta 22 a la altura de la localidad de Arroyito a 40 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Carlos Fuentealba, de 40 años, profesor de química en una barriada popular al oeste de la capital, delegado sindical, elegido en 2006 mejor profesor por sus alumnos, fue a la concentración aquel 4 de abril, pero no volvió.
Como el resto de sus compañeros, Fuentealba se retiraba voluntariamente, viajando en el asiento trasero de un Fiat 147 camino a la ciudad de Senillosa, cuando fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno disparada a dos metros de distancia. Fue intervenido en el hospital provincial, pero falleció para desgracia de todos.
Fuentealba no cayó en medio de un enfrentamiento: cuando la policía intimó el desalojo, los trabajadores se retiraron voluntariamente. La persecución entonces fue innecesaria, la saña brutal, el disparo por la espalda y la responsabilidad política indelegable. Funcionarios del gobierno direccionaban el operativo desde Arroyito.
“Quien da la orden fue el entonces gobernador Jorge Sobisch. Un fascista dedicado a perseguir trabajadores. Tiene un triste record el hombre: siendo los neuquinos el 1% de la población argentina, concentramos el 25% de los procesados sociales. Lo que demuestra a su vez, el vergonzoso papel del poder judicial”, recuerda Julio Fuentes, Secretario General de ATE.
La muerte de Carlos Fuentealba es la expresión de la represión y judicialización de la protesta social llevada a su máximo tenor. Es también paradigma de la impunidad: si bien el policía José Poblete fue condenado por el asesinato del docente, sus autores intelectuales siguen libres.
En la Argentina, más de 7 mil trabajadores están procesados. Durante los últimos veinte años, ATE tuvo 600 dirigentes procesados mayormente por coacción agravada. “La legalidad es una lucha permanente de la clase trabajadora y sus organizaciones, aquí y en todo el mundo. Los trabajadores argentinos, a más de un siglo de historia de organización, sabemos que cada espacio de legalidad no ha sido conseguido por la concesión graciosa de ningún gobierno o patrón, sino que ha sido conquistado con esfuerzo y sacrificio”, resalta Julio Fuentes.
Para el dirigente, los petroleros de Las Heras condenados a prisión perpetua son parte de la misma historia de lucha. “Es una tragedia tenerlos condenados”, advierte. “Esto es un afrenta para el conjunto de nuestra clase. Aquí no hay lugar para que nadie se haga el distraído. Si no logramos unificar la lucha por la anulación de este macabro juicio, estaremos todas las organizaciones de trabajadores y el pueblo profundamente lastimadas”.
Fuente: El Trabajador del Estado
