Junio registró la inflación más alta de los últimos dos años. Ya se sobrepasó el pronóstico oficial del 15%. Los estatales, los más perjudicados.

No hay piso para la caída del ingreso salarial. Dos meses atrás un informe del equipo de técnicos de ATE en el INDEC indicaba que desde la asunción de Macri un trabajador estatal ha perdido un 18,1% de su poder adquisitivo.

En el marco de este plan que ajusta salarios los trabajadores estatales tuvieron una caída mayor que los del sector privado. Por ejemplo, mientras que en noviembre de 2015 el salario de un estatal en categoría D0, representaba el 66% del salario promedio del sector privado registrado, en abril de 2018 esa relación decayó a cerca del 58%.

La brecha volverá a ampliarse una vez que las paritarias del sector privado, tal como autorizó el gobierno, tengan una suba adicional del 5%. Pero nada anunció el gobierno nacional para el sector estatal.

El reciente mes de junio arrojó la inflación más alta de los dos últimos años: 3,7%. De este modo el indicador general del primer semestre trepó al 16 %, lo cual implica que sólo en la mitad del año la inflación general superó el pronóstico de la meta inflacionaria anual del 15%, presupuestada por el gobierno en diciembre pasado.

En medio de turbulencias financieras y diagnósticos económicos errados, la alta volatilidad que registra el dólar hace aún más impredecible estimar con cierta certeza la inflación. Con servicios públicos y el combustible atados al valor de la moneda norteamericana, sólo se permiten aproximaciones que van en torno del 30%.

A partir de esta situación el acuerdo salarial del 15% firmado por el gobierno nacional ha perdido vigencia. En primer lugar porque a la meta pronosticada para todo el año ya se ha llegado en medio año; y segundo que los aumentos que el gobierno nacional y UPCN acordaron se escalonan por un 3% recién con el sueldo de julio, 6% en agosto y el otro 6% en septiembre.

Con una paritaria claramente definida a la baja y tomando el estimado del 30% anual, el aumento que cobrarán los trabajadores estatales sólo servirá para equilibrar la balanza del segundo semestre. El primer semestre lo habrá trabajado todo a pérdida.

La problemática salarial del sector público también se ha extendido a las provincias. En la mayoría de los casos los acuerdos redundaron en una suba salarial del 10% en el primer semestre y porcentajes generales que varían entre 5% y 9% para el segundo semestre.

A favor de las negociaciones paritarias provinciales hay que decir que en la mayoría de los distritos los gremios lograron establecer la cláusula gatillo.

En contra de estas negociaciones está el nudo del desborde inflacionario, porque si como se calcula la inflación total del año superará el 30%, las provincias deberán erogar, en el mejor de los casos casi 11 puntos más al acuerdo alcanzado inicialmente. Ninguna provincia esperaba una corrección salarial tan alta.

Ahora las actualizaciones salariales podrían transitar caminos empedrados si es que el gobierno logra imponerle a las provincias que asuman el 33% del recorte de los 300.000 mil millones de pesos del próximo presupuesto, comprometido con el FMI.

Las espinas de esta negociación salarial son las provincias de Santa Cruz, Chubut o Tierra del Fuego, que por graves problemas financieros aún no permitieron que se cierren las paritarias y sólo han establecido compensaciones salariales parciales a sus trabajadores.

Canasta Familiar

Para la Junta Interna de ATE en el INDEC, en un hogar constituido por una pareja con dos hijos menores el ingreso necesario mínimo debía alcanzar los 29.604 pesos. El valor de esta canasta familiar supera por más del 50% al promedio salarial de 18.000 pesos, que es el estimado para los trabajadores encuadrados dentro de la órbita del Estado Nacional. Según la progresión de los informes del INDEC la inflación total en la gestión Cambiemos registra el 109,5%, una suba que resulta improbable que algún trabajador del sector estatal haya alcanzado en este período.

Existen distintas coyunturas que hacen a la dificultad de acceder al valor de la canasta familiar. Una es la disparidad existente entre un trabajador de un organismo nacional y su par de provincia, otra, es la disparidad salarial en cuanto a la región del país donde se vive.

Dentro del núcleo de riesgo la peor parte se la llevan los trabajadores municipales que promedian los 10.000 pesos mensuales, y debajo de ello los trabajadores precarizados como monotributistas (o símil condición de contrato laboral) que en su mayoría promedian 6.000 pesos al mes.

Como dato final vemos que en detrimento de los trabajadores, este primer semestre arroja una caída salarial en más de 5 puntos porcentuales; que hay dudas sobre cuál será el comportamiento general de los gobernadores provinciales cuando deban actualizar el salario en línea con la inflación; y la licuación general de salarios y de gastos, medido en dólares, por la depreciación de más de un 50% del tipo de cambio, con la que el gobierno nacional (y el empresariado, también) se ha beneficiado.