Más de trescientos crímenes y veintiséis represores serán juzgados en un solo debate. Las expectativas de los querellantes y las particularidades de un juicio significativo. Preguntada acerca de su interés en el resultado de la causa, la testigo afirmó: “Que se haga justicia, porque estuve secuestrada durante tres meses en distintos campos de concentración de la provincia de Buenos Aires”.

El 16 de febrero de 2000 Adriana Calvo habló durante más de dos horas ante la Cámara Federal de La Plata, en el Juicio por la Verdad, el proceso motorizado desde 1998 por la APDH La Plata. Maniatado por las leyes de impunidad y sin consecuencias penales, aquel juicio allanó el camino a los juicios de hoy porque avivó la memoria. Por entonces sólo los organismos de derechos humanos creían posible la utopía de las condenas. Calvo, referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), falleció el 12 de diciembre pasado y no podrá ver cómo tienen la posibilidad de defenderse ante un tribunal varios de los represores que denunció. El aporte de la sobreviviente sirvió a la Justicia para entender el funcionamiento de la maquinaria represiva del Circuito Camps, que en una gran parte será objeto del juicio que se avecina en la capital bonaerense.

Juicio significativo

Los números son contundentes: 26 represores por seis centros clandestinos detención, 18 casos de niños apropiados y diferentes operativos represivos serán el objeto del juicio más grande que se haya realizado en La Plata por crímenes de lesa humanidad. Al cierre de esta edición, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 había convocado a juicio a las partes, a quienes les corría el plazo para solicitar la prueba que se examinará en el debate. Una de las singularidades de este juicio es que tiene entre los acusados al primer civil con responsabilidad política en llegar a esta instancia: el abogado Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno bonaerense.

Los querellantes, quienes desde la reapertura de las causas reclaman juicios significativos, resaltan su magnitud aunque hubieran esperado algo mejor. “Es más completo que otros juicios”, indica Alejo Ramos Padilla, abogado de las familias Mariani-Teruggi y Timerman, quien concentra sus expectativas en reunir elementos en la búsqueda de la niña Clara Anahí Mariani y en una condena a un funcionario civil como Smart, dado que “va a significar un aporte muy importante para la credibilidad de la Justicia”.

Carlos Zaidman, sobreviviente y militante de la AEDD, valora: “Si bien este juicio es un poco más completo en cuanto a que abarca parte del Circuito Camps, es siempre parcial porque hay un montón de casos que han quedado afuera, un montón de represores”. Y luego explica: “Haciendo una cuenta muy simple serían menos de cinco represores por centro. Lo que quiere decir es que si hubo tres turnos de ocho horas, habría una persona y pico por turno por centro clandestino de detención”.

No obstante, el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Inti Pérez Aznar, resalta que “es venturoso que, pese al tiempo transcurrido, se pueda hacer un buen juicio. Estos procesos son gigantescos y, por suerte, el tiempo hizo que por lo menos se puedan agrupar las causas de los centros clandestinos que estaban más avanzados, aunque falten por ejemplo los pozos de Banfield y Quilmes”.

La causa es un conglomerado de pequeños y grandes expedientes instruidos desde 2003 por el juez federal Arnaldo Corazza que se fueron acumulando en los últimos dos años en el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, que tanto por internas judiciales como por la realización de otros juicios fue postergando su realización (ver En Marcha Nº56). La dilación, tanto en la primera instancia como en el tribunal, provocó que la mitad de los represores lograran la excarcelación por los vencimientos de la prisión preventiva -de los 26, sólo 4 están en prisión, 9 tienen domiciliaria y 13 están excarcelados-, mientras que otros once murieron libres de culpa y cargo (ver aparte). En ese contexto, la unificación de las causas se erige como una medida que evita el bochorno de dictar nuevas prórrogas o excarcelaciones, al tiempo que cumple con el reclamo de la realización de un juicio significativo.

En el juicio, que aún no tiene fecha, se tratarán casos que afectaron a más de trescientas víctimas, dentro y fuera de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Comisaría 5ta; la Brigada platense; el Destacamento de Arana; el COTI Martínez (destacamento caminero); la Subcomisaría de Don Bosco, Quilmes, conocida como Puesto Vasco; y la Brigada de San Justo. Durante el proceso se ventilarán casos emblemáticos de la represión ilegal: el secuestro de Jacobo Timerman; la desaparición de la niña Clara Anahí Mariani; el secuestro del sobreviviente de La Noche de los Lápices, Pablo Díaz; el primer secuestro de Jorge Julio López; la privación ilegal de la libertad a la que fue sometida María Isabel Chicha Chorobik de Mariani durante un operativo llevado a cabo en su casa tras el secuestro de su nieta; y el secuestro de diferentes miembros de la familia de David Graiver, entre otras tantas decenas de casos.

“Es como el resultado del trabajo de muchísima gente, con lo cual hay una expectativa grande. A la vez, desde el espacio nuestro es un juicio muy significativo en algunas cosas y bastante doloroso también. Es como un juicio con grandes ausencias: la de Adriana, la de López y después un montón de compañeros que no llegaron”, evalúa la abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Guadalupe Godoy, quien también indica que hay testigos que “ya sabemos por anticipado que no van a querer declarar” para no revivir sus penosas historias.

Zaidman advierte que “los juicios incompletos” renuevan la “revictimización que se hace con el tema de tener que volver a repetir una y otra vez todos los hechos” en público y ante un tribunal. Y Godoy aporta una salida para morigerar esa situación: “De los casi trescientos casos que tiene esta causa, más de la mitad están ya probados en la causa 13 (el Juicio a las Juntas), en la 44 (el juicio a Camps y otros, de 1986), en Von Wernich y en Etchecolatz. Algunos en tres de ellas”. Es decir que en una porción significativa de casos sólo resta determinar la responsabilidad de los imputados porque la existencia de los hechos ya fue acreditada judicialmente.

Desafío 

El abogado de la querella unificada APDH La Plata-CTA, Marcelo Ponce Núñez, señala que la expectativa que persiguen las entidades que representa es “alcanzar la condena en relación a los represores pero fundamentalmente permitir que se alcance conciencia real en toda nuestra población, y sobre todo en nuestra juventud que no vivió en aquella época, lo que significó ese período nefasto”.

Para las Abuelas de Plaza de Mayo este será un juicio estratégico, teniendo en cuenta que es probable que tramite en paralelo con el proceso en el que se está juzgando en Buenos Aires el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos. El abogado Germán Kexel, asegura que, más allá de lograr condenas importantes, el interés del organismo “es ahondar en las características que asumió el plan con respecto a las embarazadas y a la apropiación de los niños en el partido de La Plata” y recuerda que el mismo tribunal, que ahora va a juzgar 18 casos de apropiación -entre centenares de hechos diversos-, dio por probada la existencia de aquel plan cuando condenó en diciembre pasado al apropiador de Natalia Suárez Nelson, Omar Alonso, y a su entregador, el marino Juan Carlos Herzberg: “Este nuevo juicio va a ser importante para poder rubricarlo, confirmarlo y dar unos pasos más”. Otro de los desafíos para los acusadores será ampliar durante el debate la acusación por diez casos de homicidios de personas desaparecidas cuyos cuerpos fueron identificados en los últimos años por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) mientras las causas eran elevadas a juicio, lo cual permitirá la solicitud de condenas más duras. Ningún imputado llega procesado por homicidio: los cargos que afrontan son privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, además -según los casos- de la sustracción, retención y ocultamiento de niños, como de la alteración de su estado civil. En ese contexto, las querellas insistirán con la acusación por genocidio. El concepto ha sido receptado por este tribunal oral para describir el contexto de los hechos en las sentencias por los crímenes de Etchecolatz, Von Wernich y los penitenciarios de la Unidad 9, pero no como tipo penal. Será la segunda vez que Etchecolatz escuche que lo acusan de genocida. El represor volverá a ser juzgado después de aquel juicio histórico de 2006 que dejó impresa en la memoria colectiva la desaparición de Jorge Julio López.

Más de 200 condenas

La cantidad de condenas dictadas a represores de la dictadura desde 1983 a la actualidad asciende a 200, según informó la Procuración General de la Nación. En el mismo período de 28 años fueron absueltos 21 imputados en diferentes juicios.

Mientras tanto, los últimos datos recogidos en diciembre pasado por el Ministerio Público de la Nación indican que en todo el país hay 820 procesados, de los cuales 353 tienen una causa en etapa de juicio. En la Procuración destacan el crecimiento exponencial de las cifras de los últimos tres años: “Hasta el año 2008 se había condenado a 68 personas, mientras que al finalizar el año 2009 ese número aumentó a 98. Durante el año 2010 el número de personas condenadas aumentó a 196”, indica el último informe de la Unidad Fiscal de la PGN que coordina el trabajo de todos los fiscales del país en casos de crímenes del terrorismo de Estado.

Este organismo resalta que una de las grandes deficiencias del proceso de juzgamiento radica en la escasa cantidad de condenas firmes: sólo 41. “El resto de los (200) condenados tiene aún sus condenas en instancias de revisión (recursos ante la Cámara Nacional de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia de la Nación). El seguimiento de los recursos frente a las sentencias dictadas por los tribunales orales indica que existen importantes demoras, particularmente en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal”, explica la Unidad Fiscal.

Vivos y muertos

Los imputados que afrontarán el juicio oral son el abogado Jaime Lamont Smart, los militares Ibérico Saint Jean, Agustín Arias Duval y Rodolfo Campos, y los policías bonaerenses Miguel Etchecolatz, Jorge Bergés (médico), Eros Amílcar Tarela, Domingo Almeida, Hugo Guallama, Luis Patrault, Norberto Cozzani, Sergio Verduri, Roberto Cabrera, Santiago Antonini, Rubén Páez, Miguel Kearney, Pedro Ferriole, Jorge Lencinas, Carlos García, Horacio Luján, Fernando Svedas, Jesús Corrales, Raúl Machuca, Julio Argüello, Mario Sita y Roberto Grillo.

Desde 2004 fallecieron mientras cumplían prisión preventiva el militar Reynaldo Tabernero y los policías Osvaldo Sertorio, Rodolfo González Conti, Juan Fiorillo, Oscar Antonio Penna, Mario Alberto Jaime, Eduardo Maire, Carlos Vercellone, Alfredo Fonseca, Mario Tocho y Alberto Rousse, quienes se sumaron a una larga lista de personajes denunciados que murieron sin llegar a ser indagados.

Desalojo de Arana

Restos óseos humanos quemados fueron hallados en diciembre de 2008 por el EAAF en el predio ubicado detrás del Destacamento de Arana (en 640 y 131), sindicado por sobrevivientes como el lugar donde los represores llevaban a cabo la desaparición de los cuerpos, para lo cual hacían un pozo donde arrojaban los cadáveres y luego los incineraban con combustible y cubiertas de automóviles.

En abril de 2009, a pedido de la AEDD y la LADH, el juez Corazza solicitó al Gobierno bonaerense la “desafectación del predio” donde funciona el destacamento para “resguardar los elementos probatorios hallados por el EAAF, y ante el eventual surgimiento de nuevos hallazgos”. Dos años después, el predio sigue ocupado por la Policía, pese a las reiteradas solicitudes del juez.

“Queremos que antes del juicio esté desalojado el Destacamento de Arana. Nosotros lo pedimos por dos cosas: por lo simbólico, que la policía esté custodiando las fosas es como mínimo perverso; y porque el EAAF en la audiencia que tuvimos a fines del 2009 dijo que necesitaba continuar excavando un sector y para eso hay que sacar el destacamento”, reclama Godoy.

Fuente: www.ajb.org.ar