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Tal como se había acordado en la última negociación paritaria —que fijó un aumento del 10% distribuido en un 6% en mayo y un 4% en julio—, este mes de agosto se retomaron las conversaciones entre los gremios y las autoridades del gobierno bonaerense para discutir nuevas actualizaciones salariales.
Durante el encuentro, el gobierno no presentó una propuesta concreta, aunque sí planteó un esquema de aumentos para septiembre y octubre. Desde ATE se dejó en claro que cualquier acuerdo debe contemplar un aumento desde agosto, y se exigió una convocatoria urgente para los próximos días.
En ese marco, ATE bonaerense mantuvo una reunión con funcionarios provinciales en el Ministerio de Trabajo, donde reafirmó la necesidad de un acuerdo que recupere el poder adquisitivo, con especial atención a los sectores con salarios más bajos.
Principales reclamos de ATE
- Implementación de un salario de emergencia.
- Pase a planta permanente para todos los trabajadores temporarios, incluidos los ingresos de 2025 en adelante.
- En el sector salud, se exigió:
- Pase de becas de capacitación a contingencia con fecha cierta: 1° de septiembre.
- Instalación de una mesa de seguimiento para el pase a planta transitoria de becarios de contingencia.
- Pase a planta de becarios y contratados precarios en todas las áreas del gobierno provincial, incluyendo prestatarios de IOMA, modulares de la DGCyE, entre otros.
Además, ATE volvió a poner sobre la mesa el debate por la reducción de la jornada laboral de 40 a 30 horas semanales, sin pérdida salarial. También reiteró la importancia de avanzar con recategorizaciones y con la actualización del Convenio Colectivo de Trabajo.
Demandas sectoriales
ATE solicitó también la conformación de una mesa técnica en educación para revisar la Resolución 293 que regula la tarea de auxiliares, y la apertura de mesas sectoriales en organismos como el Ministerio de Mujeres y Diversidad, el Patronato de Liberados, OPISU, el Ministerio de Trabajo, Cultura y Comunicación Pública.
Por último, el gremio reclamó la necesidad de un decreto que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores en caso de modificaciones estructurales dentro del gobierno, como las que pueden derivarse de la reciente reforma de la Ley de Ministerios.
