Tal como lo había anticipado en el Congreso Nacional de ATE el Diputado Nacional Víctor De Gennaro, realizó la presentación de 1 proyecto de ley referidos sobre la obligatoriedad de los empleados públicos respecto del resto de los ciudadanos compelidos a participar del acto eleccionario. Junto a este también ingresó otros 2 proyectos referidos a la represión en Neuquén contra los trabajadores estatales y al referéndum de Loncopué, sobre la megaminería.

Proyecto contra la discriminación del empleado público en el acto eleccionario
PROYECTO DE LEY: El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación sancionan con fuerza de ley:
Art.1º: Derogase el artículo 127 de la ley 19.945 (t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias.
Art.2º: Derogase el artículo 133 de la ley 19.945 (t. o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias.
Art 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Las normas contenidas en los artículos 127 y 133 de la ley 19.945 (t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, evidencian un trato diferencial para quienes revisten la calidad de empleados públicos respecto del resto de los ciudadanos compelidos a participar del acto eleccionario.
La mayor obligatoriedad obedecería, en el caso de la norma comprendida por el artículo 133, a la particular condición que reviste el trabajador público; es decir, se establece un trato diferente por dicha situación y se establecen, sobre la base de esta presunta diferencia, no sólo un sistema de sanciones sino también un sistema de verificación (control del empleado público respecto del ciudadano).
Ahora bien, dicha diferencia termina por convertirse en una actitud discriminatoria por parte del Estado; ello, toda vez que impone obligaciones al trabajador en una clara invasión en las esferas de intimidad y reserva que nada tienen que ver con su función laboral; pues se le confieren atribuciones e imponen obligaciones de impronta policial que generan en éstos una distinción que ningún otro trabajador padece.
Asimismo, el problema de la participación electoral en el país no reviste de una magnitud suficiente como para establecer un sistema de sanciones y/o verificaciones en las que el trabajador del estado asuma responsabilidades superiores a lo que su función establece. Incluso, evidente resulta, la inexistente información que permita establecer la cantidad de no votantes como también el cúmulo de trabajadores estatales que deberíamos disuadir para que den cumplimiento con su voto.
La digitalización del registro de electores fue un componente central de la ley 26.571 (Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y Equidad Electoral); sin embargo, el padrón, en sistema digital, todavía no se ha concluido ni se dispone públicamente de un resultado de la utilización del nuevo sistema.
Por consiguiente, la razón de dicha normativa, establecida en uso de las atribuciones conferidas por el estatuto de la revolución argentina del año 1972, posee un marcado sesgo autoritario ya que la imposición de sanciones diferentes, por hechos de igual envergadura, suponen un trato discriminatorio para trabajadores; como asimismo, la referencia a subordinados y superiores que deben ejercer actividades de contralor diferente a las establecidas en su condición de trabajadores estatales, como así también, la calidad de verificador, contenida en el artículo 133, que le impone una actividad policíaca sin razón ni fundamento.
En efecto, cabe insistir sobre el contexto en que el texto de la ley 19.945 fuera aprobado; a pesar de las numerosas reformas habidas en los regímenes de empelo público ocurridas en el país, especialmente el reconocimiento al derecho a la negociación colectiva y las consiguientes modificaciones democráticas a los mismos, continúan resabios autoritarios como las normas indicadas. Dichas emanaciones dictatoriales se verifican en los siguientes aspectos: en primer lugar en la evidente extralimitación del poder administrador, en este caso el poder de dirección, del sujeto Estado empleador, controlando aspectos que en nada se refieren al cumplimiento de las funciones del trabajador. En igual sentido, y ahora en el plano estrictamente del contrato de empleo público, carecerían de validez sanciones adoptadas por incumplimientos ajenos a la prestación o, en su caso, vinculadas a deberes de fidelidad, confidencialidad, discreción, etc. todos relativos a la misma relación y a su propia naturaleza pero que no pueden extenderse al ámbito personal y de libertad de cada uno de los trabajadores.
En conclusión, en uno u otro caso, el texto vigente no respeta el principio de razonabilidad (art. 28 CN) y, por ende, las normas subsiguientes son de carácter arbitrario, solicitando, por lo precedentemente expuesto, a los Sres. Diputado/as la aprobación del presente proyecto de ley.

Represión Neuquén
PROYECTO DE DECLARACIÓN:La Cámara de Diputados declara su más enérgico repudio a la represión que sufrieran los trabajadores estatales por parte de la policía provincial neuquina los días 1 y 4 de junio de 2012, cuando se manifestaban frente al Ministerio de Hacienda.
FUNDAMENTOS:
Sr. Presidente:
Los trabajadores de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Neuquén llevan más de 100 días de conflicto sindical. Desde el 27 de febrero, solicitan una urgente mesa de negociación para debatir el aumento del ítem salarial “responsabilidad jerárquica y dedicación exclusiva”. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) destaca que esa bonificación en 1999 representaba el 55% del salario de cada trabajador, y hoy, sin haber sido actualizada desde entonces, solo significa un 14% del sueldo. Por su parte, los trabajadores de Salud reclaman los decretos de reencasillamiento ya acordados y el porcentual de guardias activas, técnicas y auxiliares. Asimismo, los trabajadores de Acción Social, acordaron un incremento salarial que no está siendo liquidado desde el ministerio de Hacienda. Ninguno de los gremios ha recibido una respuesta.
El día viernes 1 de Junio, los trabajadores estatales se encontraban concentrados frente al Ministerio de Hacienda, cortando la calle Rioja. Según denunció la delegada ATE, Hilda Cofré, cerca de las 9 de la mañana intentaban poner carteles en el vallado que protegía el edificio, cuando recibieron golpes por parte de la policía. “Un policía empujó a una compañera y le torció el brazo”, expresó la delegada. Además sostuvo que se acercó la guardia de Casa de Gobierno quienes junto con personal de bomberos mojaron a todos los manifestantes. “Somos en su mayoría mujeres, inspectoras de trabajo, administrativas, y somos pequeñas en comparación del físico de lo efectivos”, agregó Hilda Cofré. También denunció que otros trabajadores recibieron golpes.
Tras este episodio, los trabajadores estatales se concentraron nuevamente el lunes 4, en repudio a lo sucedido y para solicitar al ministerio la firma urgente de las distintas problemáticas sectoriales que no se solucionan por responsabilidad exclusiva de Hacienda. Asimismo, la Central de Trabajadores de la Argentina Neuquén convocó a un paro provincial de 24 horas para el día martes 5 de junio.
Ante las demandas planteadas y la movilización del lunes 4, el gobierno de Sapag respondió con una nueva represión hacia los trabajadores que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y agua, y persecución a los trabajadores por las calles adyacentes al ministerio.
Sostenemos firmemente que los hechos de represión sucedidosatentan de manera directa contra el derecho a tomar medidas de acción directa que tiene toda organización gremial.
Si bien todas las denuncias serán hechas como corresponde ante la fiscalía, consideramos esencial brindar nuestra solidaridad desde esta Honorable Cámara para contribuir a solucionar este conflicto y para que estos lamentables hechos no vuelvan a ocurrir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.

Referéndum de megaminería en Loncopué

PROYECTO DE DECLARACIÓN: La Cámara de Diputados de la Nación declara su beneplácito por la consulta popular realizada el 3 de junio próximo pasado en el pueblo de Loncopué, provincia del Neuquén, y el compromiso de no delegar de su comunidad, que respaldó con el 83% de los votos una ordenanza que prohíbe la explotación minera a gran escala dentro del ejido urbano.

FUNDAMENTOS:

Sr. Presidente:

Loncopué es un pequeño pueblo de siete mil habitantes ubicado en el noroeste de la provincia del Neuquén, que basa su actividad económica en el turismo. Sin embargo, la Corporación Minera de Neuquén (Cormine) y la empresa china Emprendimientos Mineros SA acordaron en 2008 instalar un proyecto de extracción de cobre en sus inmediaciones. Desde entonces, los vecinos y la comunidad mapuche Mellao Morales se unieron para frenar el proyecto.
En ese contexto y pese a los intentos del Ejecutivo provincial de truncar la consulta popular, la población de Loncopué se convirtió el domingo 3 de junio de 2012 en la primera del país en realizar un referéndum vinculante sobre la actividad megaminera. El resultado fue un contundente “no” a esa actividad.
El referéndum estaba previsto para el año pasado, pero recién se concretó con el cambio de las autoridades comunales. La consulta popular de carácter obligatorio y vinculante apuntó a evaluar el apoyo de la ciudadanía a la aprobación o rechazo de un proyecto de ordenanza que impide la explotación minera a gran escala dentro del municipio. Según datos oficiales, participó un 72% del padrón habilitado y se manifestaron por el sí un 83% (2125 personas); por el no un 15% (388 personas), en blanco un 1,5% (40 personas) y los votos nulos fueron de un 1,3% (36 personas).
El Tribunal Superior de Justicia de la provincia, asimismo, falló el jueves 31 de mayo a favor del referéndum, en respuesta a los intentos para impedir que el mismo se llevara a cabo realizado por los defensores del emprendimiento.
La jornada electoral culminó con una marcha tras el cierre de las urnas en que la población pudo expresar en la calle su posición contra la mega minería a cielo abierto, contaminante y expoliadora.
Por todo esto, solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa.