Análisis Preliminar del Presupuesto 2013

La CTA Provincia de Buenos Aires elaboró un estudio crítico sobre el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo bonaerense.

Antes de analizar el Presupuesto 2013 es importante precisar que el presupuesto aprobado para este año fracasó en sus principales previsiones y difícilmente se pueda cumplir hasta fin de año con el pago de obligaciones básicas de la provincia como salarios, aguinaldos y partidas sociales. Lo que lleva al gobierno a intentar a través del mensaje de “austeridad” nuevas medidas de ajuste en la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a esto podemos decir que el primer fracaso fue al prever el contexto internacional del Presupuesto 2012. No reconocer el contexto internacional que afectó al país, principalmente a partir del año 2009, a través del impacto de la crisis internacional. A esto se contrarrestan los supuestos que esgrimían tanto el Gobierno nacional y provincial, de un país “blindado”, donde la crisis internacional golpeó con fuerza sobre un “modelo” que no resuelve los problemas estructurales de la provincia y el país. Por esa grosera y errada definición que en su momento criticamos, le fue imposible incluso acudir al mercado internacional para financiar un déficit (previsto aun en menos de lo que realmente resultará en el año), pese a la autorización legislativa. Esto obligó a otra variante de endeudamiento, la de tomar créditos a altas tasas de interés en el mercado local (Letras y colocaciones al 14% o 15% a 60 o 90 días y créditos en dólares atados a su cotización por lo que se pagaría hasta un 32% de interés); sin cubrir así la necesidad de financiamiento.

También estas falencias se dan por el lado de las fuentes propias de financiamiento, donde se han impulsado varias “reformas impositivas”, que no solo no han generado más recursos de los previstos si no que no han resultado suficientes para cubrir las deficiencias del presupuesto.

A esto sumarle la falta de un accionar para modificar la injusta relación Nación-Provincia respecto a la coparticipación.

Además lejos del mentado “crecimiento del modelo”, está la falta de desarrollo productivo y crecimiento que permita responder a las demandas y problemas estructurales de los trabajadores y pueblo bonaerense. A la par de una política impositiva regresiva que no pone el acento en gravar a los sectores de la economía concentrada y gran capacidad contributiva ni atacar la elevada evasión impositiva, donde además el Estado provincial concede la explotación de recursos estratégicos a sectores privados.

Ante estas orientaciones contrarias a las necesidades de los trabajadores y el pueblo bonaerense que vuelven a reiterarse en el Presupuesto 2013, entendemos que se debe:

• Impulsar una reforma impositiva verdaderamente progresiva que grave a los sectores de la economía concentrada y de gran capacidad contributiva.

Atacando la fuerte evasión impositiva para que paguen los que más tienen y eliminado las exenciones impositivas a las multinacionales, grandes grupos concentrados, en las actividades mineras, la banca y la renta financiera, en la posesión y explotación de la tierra y los encadenamientos de explotación llamados “pool de siembra” y demás sectores concentrados. Con relación al juego, además de incluir impuestos que hoy no se cobran es preciso anular las concesiones para vuelva a ser administrado por la provincia; no por los empresarios que solo persiguen el lucro, junto a una política que combata la ludopatía que genera estragos sociales.

• Recuperar la coparticipación cedida a la Nación, denunciando los Pactos Fiscales I y II, demandar la restitución del Fondo del Conurbano e impulsar desde esta Legislatura la discusión de un nuevo sistema de coparticipación cumpliendo el mandato de la Constitución Argentina sancionada en 1994, donde se expresaba claramente que en el término de dos años, es decir en 1996, las provincias y el gobierno nacional debían llegar por consenso a una nueva ley de coparticipación. Esto, y por siguiente todas las leyes y pactos que modificaron las transferencias de fondos a las provincias, por un lado han deteriorado la llamada distribución primaria (todos los impuestos y retenciones que recauda el gobierno nacional), o sea la pérdida de potestades tributarias de las provincias en manos de la Nación.

En este marco investigar y discutir la conformación del stock de la deuda provincial, en cuanto a su crecimiento, los acreedores, servicios de deuda, etc, para determinar la legitimad de la misma donde el principal acreedor es el Estado Nacional.

• Que el Estado provincial asuma la provisión y explotación integral de los servicios y recursos básicos estratégicos del desarrollo y de esa forma se eliminen los millonarios subsidios a empresarios privados y las tercerizaciones de los recursos estratégicos para recuperar esas empresas al servicio de los bonaerenses, como la educación, salud, energía, etc.

• Reabrir las negociaciones colectivas en el Estado para los acuerdos paritarios incumplidos, la situación salarial y todas las medidas que afectan a los trabajadores y al funcionamiento del Estado.

Estas erróneas decisiones y sus efectos recaen directamente sobre los trabajadores y el pueblo bonaerense, tanto en recortes y falta de pago de salarios, más precariedad laboral y falta de asistencia social. Ante esto los trabajadores y las organizaciones sociales nos hemos movilizado y accionado y lo volveremos a hacer todas las veces que sea necesario, para que este ajuste no recaiga sobre aquellos que no generamos la crisis.

El Presupuesto 2012 y su proyección.

Los últimos años venimos señalando lo inapropiado de la metodología de confección del presupuesto de subestimar gastos y recursos a la hora de ser presentado en la Legislatura, con el resultado a lo largo del año de la posibilidad del uso de recursos adicionales por parte del Ejecutivo.

El presupuesto de este año en curso 2012, mostró no solo los defectos en la construcción del presupuesto basado en parámetros irreales, sino que además y principalmente mostró los límites estructurales de las finanzas y las políticas de asignación de recursos en la Provincia de Buenos Aires.

El Presupuesto para el año 2012 aprobado por la legislatura con respecto al presupuesto aprobado para el año 2011, presentó un aumento en Ingresos corrientes del 36,9% y en Gastos Corrientes un aumento de 38,5%.

La ejecución presupuestaria del año 2011, con respecto al presupuesto para ese mismo año aprobado por la Legislatura, resultó ser en un 20% más de ingresos corrientes de los aprobados y en más un 18% en Gastos Corrientes. Es decir por fuera del presupuesto para el año pasado el Gobierno Provincial dispuso de cerca de $14.800 millones de fondos y pudo gastar por fuera de lo presupuestado cerca de $ 13.600 millones.

Teniendo en cuenta la ejecución real de 2011, si bien el Presupuesto 2012 presentaba 27.900 millones más que el aprobado en 2011, estos millones se repartieron, entre los cerca de $ 14.800 que realmente se ejecutaron en 2011, es decir un 20% mas, por lo cual el presupuesto de 2012 solamente mostraba realmente un aumento del 14,5% sobre el ejecutado real de 2011.

Porcentaje de aumento que nada tiene que ver con los índices inflacionarios de este año 2012, ni con los niveles de recaudación registrados.

El panorama real del 2012

Ya lo planteamos en su momento cuando analizamos el presupuesto aprobado para el año 2012, que el mismo presupuesto planteaba ajustes.

Con esta metodología de construcción del presupuesto y las restricciones estructurales que presentan las finanzas provinciales, la pregunta a formularse es:

• Cuál será la magnitud del ajuste que intenta amortiguar el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en este 2012?

Para eso vamos a analizar los ingresos y gastos corrientes. Los ingresos corrientes, es decir los ingresos tributarios y no tributarios ya sea de origen provincial o provenientes de transferencias federales que surgen de la operatorio normal del Estado y los gastos corrientes, aquellos necesarios para el funcionamiento normal del Estado en determinado año. La cuenta corriente de 2011 cerró con un déficit de alrededor de 26 millones.

En el año 2012, la cuenta corriente presentó a mitad de este año un déficit de $ 3.400 millones. Medidos en este período los ingresos han aumentado 15,3% de lo aprobado para 2012 por la Legislatura, y debemos tener en cuenta que lo presupuestado para el año 2012 traía un 14,47% de aumento con respecto al ejecutado realmente en 2011, es decir comparado los períodos estamos hablando de un ritmo de aumento del 30%. Por el lado de los gastos totales ejecutados han aumentado hasta mitad de año 18,7% más que lo presupuestado para ese período. Con respectos a estos, los gastos en personal muestran un aumento de alrededor del 40% entre el ejecutado a mitad de año y el período presupuestado para este año. Es decir por el lado de los recursos la mitad de este aumento estaba presupuestado para el año 2012, mientras en el caso de los gastos de personal el presupuesto aprobado para el año 2012 solo mostraba un diferencia del 4,9% en este rubro, con respectos al ejecutado finalizado el 2011. Por lo cual todo el aumento se vio plasmado por fuera del presupuesto aprobado para el 2012, por no haberse estimado pauta salarial.

En función de esto a mitad de año ya se llevaba ejecutado 70,3% del total de la masa salarial presupuestada para todo el año 2012, en este sentido se enmarca el intento de pago en cuotas del aguinaldo de mitad de año, los pronósticos de dificultades en el pago de salarios y aguinaldos para fin de año y todos los intentos de ajuste y reducción en los conceptos que hacen a la masa salarial por parte de las distintas jurisdicciones de ejecutivo provincial. Y en la intención de reducir esa brecha de cuenta corriente, podrían ubicarse los casos de falta de ejecución de partidas de políticas sociales y alimentarias.

No tomar en cuenta en la elaboración del presupuesto para el año en curso de los niveles inflacionarios y de crecimientos reales, es ocultar recursos tributarios y decisiones de gastos que debieran discutirse en la Legislatura Provincial.

La inflación no solo afecta al nivel de recaudación, sino que principalmente incide sobre los componentes de gastos del presupuesto, ya sea en cuanto a los salarios, las jubilaciones, los insumos que deberá pagar el Estado, los montos que deberá transferir hacia las jurisdicciones del Estado y a los privados, para hacer frente a las políticas sociales, de infraestructura, educativas, y alimentarias.

En función de esto, todos los años el Ejecutivo dispone de la herramienta de asignar recursos según su estrategia, en tanto no solo decidir el destino de los fondos que no estimó de la recaudación esperada, sino la posibilidad de sub ejecutar partidas durante el año y no cumplir con compromisos hasta casi llegar a fin de año donde debe acomodar de alguna forma los números para volver a presentarse en la Legislatura.

Este año, llego a un extremo, con un presupuesto más irreal que el anterior, y tratando de ajustar una brecha económica no presupuestada, que repetimos a mitad de año llegó a los $ 3.400 millones de $ en cuenta corriente por no haberse contemplado los parámetros reales. Como dijimos, en función de esto a mitad de año, teniendo en cuenta el aumento salarial, con repercusión en jubilaciones y complementos derivados del salario (hs extras), mas ingresos de personal, se había ejecutado el 70% de lo asignado, por presupuesto, para el pago del salario. La pregunta es: ¿cómo piensa, el Ejecutivo, afrontar con el 30% de una partida que no incluyo pauta salarial, la mitad del año restante (es decir el 50% de masa salarial anual) con los nuevos salarios, las nuevas jubilaciones, las nuevas horas extras?

La Provincia no hizo frente en tiempo y forma a los aguinaldos de los trabajadores estatales y no pudo cumplir con los proveedores, ni becas y con la mayoría de los fondos para la asistencia social. Al extremo que con medio año transitado, con uno  de los más bajos presupuesto aprobado para el Ministerio de Desarrollo, la ejecución del presupuesto total asignado a este Ministerio presentaba ya devengado casi el 50% del presupuesto total y a su vez contaba con gran parte de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social sin ejecutar ni un solo $. Para ejemplificar podemos enumerar que este Ministerio, cerraba la mitad de año sin ejecutar casi $ 1.900 millones asignados al Plan Mas Vida, los Servicios Alimentarios Escolar (SAE) y Familiar (SAF), Unidad Familiar y Apoyos Alimentarios.

Si en lo que resta del año 2012, el presupuesto sigue ritmo del primer semestre en cuanto a gastos, aún con partidas no ejecutadas y variables no contempladas, y con la evolución de la recaudación con la estructura vigente, el cierre de este año puede llegar con un déficit de cuenta corriente de cerca de $ 6.900 millones.

Las preguntas son: ¿cómo piensa hacer el Ejecutivo para cumplir con los gastos corrientes de este año 2012?

¿Cuáles son las medidas que piensa implementar este año 2012?

Todos estos parámetros son necesarios para evaluar el cierre real del presupuesto de este año.

Hasta ahora no ha habido respuestas, que alienten a un cierre del año sin sobresaltos.

El ejecutivo planteó, en su momento, que la solvencia en el presupuesto para este año 2012 se basaría en un mejor ritmo de la recaudación y las posibilidades de endeudamiento.

Por un lado, en el presupuesto del año 2012 proyecto una salida a través del endeudamiento. El endeudamiento es una de las herramientas económicas que los Estados pueden adoptar para financiarse, pero uno de los límites que se podrían establecer en este tema, corresponden a lo que se intenta financiar a través de ese mecanismo. En general, es aceptado que cuando se trata de gastos de infraestructura pública de la que van a hacer uso muchas generaciones, el uso del endeudamiento es una forma de conseguir fondos para realizar obras y de trasladar a las generaciones futuras parte de los gastos de aquellas obras que también van a utilizar. Tiene sentido, que estas generaciones presentes no afronten todo el gasto de aquellas obras que van a ser usadas por muchas más. Pero qué pasa cuando el Estado se endeuda para pagar gastos corrientes, gastos presentes, a través de un endeudamiento que traslada el peso hacia las generaciones futuras. Este parece ser el rumbo de la Provincia de Buenos. Aún con estas críticas, esta herramienta no pudo ser utiliza como estimaban, principalmente en la colocación de bonos en el exterior en lo que va del año.

Por el lado de la recaudación de la Provincia de Buenos Aires, observando la evolución de los indicadores en lo que va del año, encendemos “luces de atención” en este terreno. Evaluando lo recaudado por la Provincia hasta el mes de setiembre de este año, se ve un crecimiento promedio del 28,4%, comparado con el mismo período del año pasado. Si bien la recaudación crece, no lo hace al ritmo esperado y lo más llamativo, lo hace a un menor ritmo que en el mismo período del año pasado, donde fue del 34% promedio.

Mirando la estructura de ingresos tributarios, se ve un aumento importante de lo recaudado en el impuesto inmobiliario, principalmente en baldíos y rural, pero el dato que tiraría para abajo la recaudación es Ingreso Brutos, recaudación que aunque positiva, lo hace en porcentajes inferiores del mismo período del año pasado. Esto último podría estar determinado por un menor crecimiento de la actividad económica. Esto es determinante ya que el 73% de toda la recaudación propia de la provincia proviene de Ingresos Brutos, y esto se relaciona con la estrategia que tendrían para conseguir los fondos que está necesitando. De esta manera, si la recaudación provincial sigue con este ritmo, la Provincia podría resignar casi 2.000 millones de $ de recaudación en estos últimos meses del año.

 El Presupuesto 2013

El Presupuesto para el próximo año tiene las mismas falacias que el anterior, pero en peor medida. Plantea la austeridad con respecto a un presupuesto 2012 que ya era ajustado. En función del presupuesto estimado al cierre de este año, dada la evolución hasta el momento, el presupuesto 2013 no muestra un 22,11% como parecería o se anunció. Primero debemos tener en cuenta que el aumento de un presupuesto a otro del 22,11% se determina en función de este proyecto contra el proyecto aprobado por la Legislatura para el 2012. Es decir comparan los 139.000 millones de $ de erogaciones presentados para el año 2013 contra los $ 113.850 millones que se presentaron para el 2012. Ante todo, para llegar a ese 22,11% se incluyen los gastos y fondos del Instituto de Previsión Social que no deben considerarse como recursos de Administración General, con lo cual sin esos fondos, el aumento de presupuesto presentado formalmente del 2012 a 2013, es del 21%.

Segundo, cómo explicamos en la primer parte de este informe, el aprobado para este año 2012 no contemplaba ni la inflación ni el crecimiento real. Por lo cual la diferencia estimada, aún con ajustes, entre el año 2012 y lo presentado por el Ejecutivo para el 2013, solo consideraría un aumento en torno del 10%. Esto surge de proyectar a fin de año, el ejecutado hasta el momento, por lo cual al cierre de año podría ubicarse cerca de los 126.000 millones. La distancia entre esta proyección de la ejecución del presupuesto y lo que se plantea aprobar en la Legislatura, no muestran ni un 22,1%, ni un 21% y si un un aumento real de alrededor del 10%, por lo que se desprende todo lo que no contempla este proyecto de presupuesto, cuando en la práctica la tasa actual de inflación ronda el 25% anual, y no hay ninguna razón para sostener que la misma se va a reducir durante el año próximo.

Entonces el ajuste se plantea más profundo por el lado inflacionario, Sin el dato inflacionario marcando los gastos a enfrentar por el Estado, y con la apuesta a la financiación con más endeudamiento, como se intentó para este año y fracasó.

El ajuste por el lado de los trabajadores, lo marcan la falta de pauta salarial una vez más y sin cargos nuevos en la planta de personal del Estado. Con un agravante que en este proyecto 2013 el Ejecutivo plantea fijar el número de cargos totales en planta permanente en 6.184 cargos menos que lo fijado en el año anterior y 17.151 cargos más en la Planta Temporaria. De lo que podemos deducir que las bajas en la Planta Permanente que se vienen dando, por ejemplo por jubilaciones, no han sido cubiertas por nuevas plantas permanentes y esos cargos transformados a temporarios. A su vez no se crean cargos nuevos, para el año 2013.

En la mayoría de las jurisdicciones provinciales se nota la pérdida de cargos en planta permanente. Algunos sectores tienen incrementos, como podemos mencionar el caso del Ministerio de Salud donde se ve entre planta permanente y temporario una suba de 2.962 cargo en este año, aunque estos no alcanzarían a los 4.000 necesarios para este año 2012 y menos aún para los cerca de 1.500 que se necesitan para 2013. En contraposición a la baja en cargos de la mayoría de las dependencias del Estado, se muestra al Ministerio de Economía con un aumento entre cargos de planta permanente y temporaria de más de 5.500 cargos.

Otro caso notorio es la Dirección General de Cultura y Educación, donde se ve un aumento de cargos con respecto a lo presupuestado entre 2013 y 2012 de 6.269 cargos más. Pero lo más llamativo es como se compone ese saldo, ya que es el resultado de una disminución en planta permanente de 9.834 cargos y un aumento en temporarios de 16.103 cargos.

Por lo cual se sitúan cada vez trabajadores en temporarios sin poder pasar a planta permanente como corresponde y como se ha acordado en las Paritarias entre el Gobierno y los Sindicatos. La mayor cantidad de cargos en Planta Temporaria y menos en Permanente y la falta de cargos nuevos, demuestran la profundización de la precariedad de las relaciones laborales en el Estado Provincial.

Teniendo en cuenta el presupuesto de ajuste planteado para el año en curso, en el Presupuesto del año 2013 en cuanto a las Políticas Públicas la participación de la Salud en el Presupuesto total se mantiene en el nivel bajo de los últimos años. Y en cuanto a Desarrollo Social, no solo no aumenta sino que baja casi un 1% su participación y en valores absolutos es menor, en principio se da que la mayor baja está dada por que la Secretaria de Niñez y Adolescencia ha pasado a la órbita de la Gobernación, pero aun considerando esto en el análisis, Desarrollo Social (sin tener en cuenta Niñez y Adolescencia) de una participación de 3,4% pasa al 3,1%. En cuanto a Justicia y Seguridad aumenta cerca de 1% su participación. El presupuesto en Educación aumenta su participación en 1,7%. Por el lado del Poder Judicial la participación se mantiene a valores del anterior presupuesto, con crecimiento en valor absoluto por debajo del nivel de crecimiento del presupuesto general. Esto demuestra que en cuanto a la participación de las Áreas más sensibles no hay variaciones, con respecto a los indicadores del presupuesto aprobado para este año, y a su vez el crecimiento en valores absolutos se mantiene, en general, por debajo del índice inflacionario de este año.

Por el lado de los Recursos

Por el lado de la recaudación, como mencionamos más arriba a setiembre de este año, el crecimiento promedio es del 28,4%, a un ritmo menor que el mismo período del año pasado, que fue del 34% y que lo más llamativo es que el crecimiento del impuesto Ingresos Brutos es menor que lo recaudado en el mismo período del año pasado. Esto es de destacar ya que a partir de julio de este año, se percibió la suba en las alícuotas a ingresos brutos y por lo que es evidente que las subas registradas por alícuotas mayores y nuevos impuestos alcanzan para cubrir el mayor freno de la actividad económica, pero no para generar una recaudación por encima de lo proyectado, ya que estos aumentos en la recaudación estarían siendo necesarios para el manteniendo del ritmo del 28% promedio.

Ante esto la Provincia plantea modificaciones en materia impositiva para el año que viene. Entre otras modificaciones se introducen cambios en el impuesto Inmobiliario Urbano, a saber: un aumento general, que surgirá de elevar 20 puntos el porcentaje de las valuaciones -del 0,65 al 0,85%- que se toma como base imponible para calcular el gravamen. El cobro de un adicional, a quienes tengan más de un inmueble “urbano”, surgido de la aplicación de la alícuota que le correspondería pagar al contribuyente al sumar las valuaciones de sus unidades. Para countries, además, regirá plenamente el aumento de las valuaciones que se dispuso últimamente y no se había aplicado.

En el impuesto a los Ingresos Brutos, en tanto, se aplicará una alícuota del 0,5% a las industrias ahora exentas y que facturen hasta 40 millones al año; las que facturen entre 40 y 60 millones (también exentas) empezarán a pagar el 1,75%; y para el resto de las industrias la alícuota se elevará del 1% al 1,75%.

En tanto es destacable el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos sobre los juegos de azar que pasará del 8 al 12%. En cuanto a esto si bien es importante que se eleve esta alícuota, entendemos que podría ser mayor y que se podría avanzar en cómo se reparten las importantes ganancias que obtienen los privados que explotan los juegos de azar. Y el Estado provincial no solo podría avanzar más, sino que debería ya que no se trata de un sector productivo y los operadores privados obtienen altas rentabilidades. Con respecto a esto es de destacar que la Provincia tiene la potestad de la explotación del juego. En tanto en el artículo 37 de la Constitución Provincial expresa que:

“La Provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado Federal, la administración y explotación de todos los casinos y salas de juegos relativas a los mismos, existentes o a crearse; en tal sentido esta Constitución no admite la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna forma jurídica”

También en ese mismo artículo se legisla sobre los destinos de esos fondos: “Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho a recibir, a través de políticas efectivas de acción social y salud, las utilidades producidas por los juegos de azar, debidamente creados y reglamentados por ley.”

Aunque la Constitución permite la participación de capitales privados, queda bien claro como debe ser la distribución de la rentabilidad de estas operaciones, no solo en su mayoría para el Estado y a que áreas prioritariamente ser distribuidas, cuando dice “La ley que reglamente lo anteriormente consagrado podrá permitir la participación del capital privado en emprendimientos de desarrollo turístico, en tanto no implique la modificación del apartado anterior”

Por el lado de las Transferencias del Estado Nacional a la Provincia proyectado el cierre del 2012 serían cercanas a un 22% más con respecto a 2011, mientras la recaudación propia de la Provincia de Buenos Aires, según lo que mostramos más arriba, estarían más cerca del 28% de los últimos meses, que del 32% promedio del primer trimestre del año.

Esto demuestra que la Provincia de Buenos es netamente perdedora en esta distribución de recursos en el orden nacional en función de lo que aporta a la recaudación nacional. Es así que del total de ingresos corrientes que tiene la Provincia en lo que va del año, el 65% los constituyen la recaudación que hace directamente la Provincia. Estas trabas estructurales tienen que ver con: la falta de cumplimiento del mandato constitucional, que determinaba que debía discutirse una nueva Ley hacia fines de 1996. Ante la ausencia de una nueva Ley, los gobiernos a través de Pactos Fiscales fueron desvirtuando la distribución original y postergando en los años la nueva Ley de Coparticipación. Con respecto a esto debemos mencionar que el avance de la Provincia en la Ley Impositiva a levantarle las exenciones impositivas a las actividades que estaban beneficiadas por lo Pactos fiscales, podría abrir el camino hacia la denuncia de los Pactos Fiscales y por ende a la recuperación de los fondos que la Provincia cede a la Nación en nombre de ellos.

Otro aspecto es el importe “fijo” que recibe la Provincia de Buenos Aires, de 650 millones de la distribución del Impuesto a las Ganancias, uno de los impuestos pilares de la recaudación nacional y que es en la Provincia de Buenos Aires donde más recauda el Estado Nacional ese tributo.

En el año 1991, reconociendo la pérdida de la Provincia, se decidió compensarla parcialmente con el Fondo de Recuperación Histórica del Conurbano Bonaerense, equivalente al 10% del impuesto a las Ganancias. Sin embargo, en 1995 se determinó el congelamiento de la participación de Buenos Aires en este Fondo, asignándole un monto fijo de $650 millones. El excedente de esta cifra, generado por el 10% del Impuesto a las Ganancias, se comenzó a distribuir al resto de la Provincias, produciendo un retroceso de la provincia de Buenos Aires con respecto a las otras Provincias, al punto que la recaudación por este concepto que recibió la Provincia durante el año 2011 fue el equivalente al 0,6% de la recaudación total del impuesto a las ganancias, cuando tuvo una participación del 10%.

En el año 2011, de no existir el tope de los 650 millones la Provincia de Buenos Aires hubiese recibido alrededor de $10.100 millones más de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Y en el primer semestre de 2012 cerca de $ 7.000 millones más por el Impuestos a las Ganancias.

Esto sumado a los impuestos que fueron surgiendo y no han sido coparticipables en función de la distribución de la última Ley de Coparticipación vigente. Como es el caso del Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria (llamado Impuesto al Cheque) donde el 70% se destina al Tesoro Nacional y lo administra el Poder Ejecutivo Nacional y solo el 30% se coparticipa según Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.

Y además dados esos Pactos Fiscales la Provincia de Buenos viene cediendo el 15% de Coparticipación, año a año, a favor del Estado Nacional.

En cuanto a los fondos que la Provincia aporta al ANSES y que administra el Gobierno Nacional podemos decir que la provincia como el resto de las provincias, cuando Argentina reformó su sistema jubilatorio y pasó al régimen de capitalización, la Provincia de Buenos Aires cedió 15% de su coparticipación. Eso fue en 1992. En años sucesivos hubo más detracciones de la masa de impuestos coparticipables para financiar el sistema de jubilaciones nacional. A cambio, las provincias transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación, en tanto la Provincia de Buenos Aires no transfirió su Caja. Eso quiere decir que la Provincia de Buenos Aires cedió recursos pero al mismo tiempo se quedó con el gasto, es decir con la obligación de pagar sus jubilaciones y pensiones provinciales. Inclusive cuando los fondos de las AFJP se estatizaron, tampoco se revirtió esa detracción del 15%.

Para tener una idea clara de lo que la Provincia de Buenos Aires cede en materia de recaudación a favor de Anses, tomaremos para esto como ejemplo los números del año 2011. Solo tomando el año 2011 la Provincia de Buenos Aires cedió, en concepto de el 15% de su coparticipación para financiar el ANSES, fondos cercanos a los 7.500 millones de $, y como dijimos sin haber transferido su caja previsional. Con estos datos, y aún deduciendo lo que Nación dice pagar en territorio provincial a jubilados y pensionados nacionales, la Provincia de Buenos Aires tendría todavía un saldo a favor de alrededor de 4.000 millones de $, de aquello que aporta al ANSES, de su coparticipación anualmente.

Con todas estas detracciones y reducciones en los giros de fondos, la Provincia de Buenos Aires en el año 2011 recibió solo el 8,5 % del total de la recaudación impositiva anual en la órbita nacional. En el año 2011 la Provincia de Buenos Aires recibió por Coparticipación de Ingresos Tributarios un total de 27.211 millones de $ y sumado a otros aportes nacionales, totalizó unos 34.647 millones de $ y la recaudación total a nivel nacional de impuestos en el año 2011 estuvo cerca de los 400.000 millones de $ tomando en cuenta la recaudación de todos los impuestos, derechos, etc, menos los de Seguridad Social.

En cuanto al déficit en el Presupuesto 2013, muestra que la Provincia necesita cerca de 14.000 millones de $, pero al no prever pauta salarial, ni el dato de inflación real, sumado al crecimiento menor en la recaudación, este será mucho mayor.

Y ante esto decimos, como cada año, que la justeza del reclamo radica en que la Provincia de Buenos Aires es la provincia que genera la mayor proporción de riqueza del país, donde habitan en ella el 39% de la población del total del país y con un 40% de los habitantes más pobres de la Argentina. Por otro lado, en la Provincia se origina el 38% de la recaudación de impuestos nacionales, se aporta al 36% del PBI, el 50% de la producción industrial nacional y el 33% de las exportaciones nacionales, entre otros indicadores.

CTA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hugo Blasco Sec. Gral AJB, Oscar De Isasi Sec General ATE Pcia,  Hugo Godoy Sec Gral Adjunto ATE Nación- CTA Pcia, Hugo Amor Sec Gremial FESPROSA-CTA Pcia, Juan Cocino Sec General APL,  Carlos Riveiro AAPM – CTA Pcia,  Lidia Braceras Sec Gral SUTEBA Quilmes,  Griselda Cavaliere ATE Pcia – CTA, Julio Ortellado Dir. Org. CTA Nacional – CTA Pcia,  Viviana Gracía Pte CICOP-CTA,  Eduardo Gómez Sec Gral SUTEBA Berazategui,  Néstor Gómez FUBADE y O-BOS, Olivia Ruiz FRETRAJU-CTA

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