Amenazan a un testigo de los crímenes de la dictadura
El 13 de abril el ex conscripto Jorge Juan Carlos Ayala, quien realizara su servicio militar obligatorio en el año 1976, se presentó ante el Escuadrón 16 de Gendarmería Nacional de Clorinda para radicar denuncia por los horrorosos hechos que le tocó vivir en el año 1976. Acto seguido, comenzó a recibir amenazas en su domicilio.
Juan Carlos Ayala se presentó acompañado de los familiares de los detenidos desaparecidos Francisco “Pancho” Bogarin y Cantalicio Mazacote y el abogado querellante en la megacausa Carrillo, Pedro Atilio Velázquez Ibarra.
En su denuncia Ayala relató que en el mes de mayo de 1977, mientras cumplía con el servicio militar en el Regimiento 29 de Infantería de Monte de la ciudad de Formosa, lugar donde funcionaron tres centros clandestinos de detención, se lo designó chofer de un colectivo, identificado como Interno 16.694 al que subieron doce militares que aparentemente provenían de otras unidades.
El micro se dirigió hacia Clorinda, deteniéndose en el acceso a la Estancia Monteagudo, cercana a la localidad de Mojón de Fierro. Luego de 20 minutos llega al lugar un Unimog, destinado al servicio de ambulancia, con la cruz roja en sus costados. De ese vehículo hacen descender a 10 o 12 personas, vestidos de civil y con los ojos vendados y unidos todos por una soga, quienes son internados al monte ingresando al predio rural de la denominada Estancia San Miguel.
El ex conscripto pudo reconocer a dos de los “trasladados”: al dirigente peronista Francisco “Pancho” Bogarin y al dirigente campesino Cantalicio Mazacote, quienes permanecen en calidad de desaparecidos en la actualidad. Al internarse en la espesura, el declarante manifiesta que escuchó varios disparos de armas de fuego.
Posteriormente, el grupo militar vuelve al vehículo sin las personas detenidas y encapuchadas. Allí, el grupo militar distribuye un sandwich de milanesa, dos bananas y una naranja. Relató que ante esto comenzó a llorar, debido a que conocía a las victimas del terrorismo de Estado Mazacote y Bogarin, tratando de calmarlo un subteniente quien le manifestó que los fusilados eran “subversivos”. Acompañó al grupo en la masacre, el Capellan del Ejercito, que en ese momento era el “Padre Lima”, de negra fama por entregar listas de personas a la patota represora que luego eran secustradas y torturadas.
El denunciante Ayala, quien hasta estos días lleva con angustia los momentos vividos, fue amenazado en el ciudad de Clorinda, luego de relatar a medios radiales y televisivos sus experiencia. Le dejaron una nota por debajo de la puerta que dide: “CEVE QUE VOS NO QUERES A TUS HIJOS AYALA ENTREGASTE LA CABESA DE TU HIJO CUIDATE. DEJA DE HABLAR ASECINO”, agregando la amenaza a su denuncia.
Frente a la valentía de este ex conscripto, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) Filial Formosa, en su carácter de querellante en la megacausa Carrillo, manifestó su solidaridad al igual que a los familiares de las víctimas y al doctor Pedro Atilio Velázquez Ibarra.
Las amenazas recibidas, demuestran una vez más que la libertad de la que gozan la totalidad de los represores formoseños resulta un peligro para la integridad física de testigos y querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad y conspira contra el avance de los procesos, resultando vergonzoso que asesinos, torturadores y violadores seriales continúen en libertad a pesar de contar con procesamiento firme por gravísimos delitos. También es de destacar el reclamo de la LADH por la falta de investigación en la justicia federal y en el Ministerio Público de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Departamento Pilcomayo de la Provincia de Formosa, crímenes todos impunes.
