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El miércoles 10 de julio se reunió el Equipo Nacional de Salud Laboral de la CTA encabezado por el titular de esa secretaría, Jorge Yabkowski. Se abordaron tres temas. Un balance general de lo actuado desde el Encuentro del 24 y 25 de abril, las relaciones con la SRT y el tema violencia Laboral.
El reclamo de una nueva Ley de Riesgos del Trabajo basada en la prevención es hoy patrimonio no sólo de toda la Central sino también de ámbitos más amplios. Se destaca el de la Coordinadora Nacional de Gremios Estatales (CONAGRES) y el hecho de que el paro portuario de la CGT-Moyano tuviera al tema como uno de los puntos principales. Se acordó reimpulsar la presión parlamentaria en la segunda mitad del año.
También pudieron compartirse las experiencias de funcionamiento de los Comités Mixtos en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, así como la tarea de CTA Capital en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsando una legislación para crearlos.
Con respecto a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) se destacó que el organismo convenia con sindicatos, pero al igual que el Ministerio de Trabajo, no reconoce a la CTA como tal a estos efectos. Se acordó que el criterio general para esta relación es “utilizar los recursos sin subordinarse en los contenidos”. Tarea nada fácil según la experiencia transmitida por ATE provincia de Buenos aires.
Con respecto a la creación de un ámbito de diálogo con la SRT, se acordó tener una posición expectante y analizar dicha convocatoria en el momento en que se efectivice.
Respecto de la propuesta de crear ámbitos en los sindicatos para vigilar a las ART, la posición de la CTA será de una negativa taxativa a dicha propuesta.
Se acordó impulsar junto al bloque de diputados nacionales de Unidad Popular (UP) y otros que puedan apoyar la propuesta, promover una Ley Nacional de Violencia Laboral.
Dos criterios fueron señalados: El primero es que la violencia es un instrumento de la precarización laboral tanto en el ámbito estatal como privado. En ese sentido no basta con penalizar al presunto violento, dado que muchas veces es solo un instrumento intermedio de la política patronal. Toda legislación debe desentrañar los mecanismos de violencia institucional, debe ser clara en los procedimientos, proteger a los denunciantes y debe fijar penas que no transformen el instrumento legal en un catálogo de buenas intenciones.
Se acordó realizar un seminario conjunto con el Bloque Organizativo-Gremial y el Observatorio de Derecho Social de la CTA en agosto con la idea de presentar el proyecto de ley el 7 de octubre, Día Mundial del Trabajo Decente, con una movilización al Congreso Nacional.
