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Asociación Trabajadores del Estado

Pobreza en Argentina: Enfermedades curables se cobran nuevas vidas de niños

La muerte de Néstor Femenía, un niño de 7 años miembro de la comunidad Qom en Chaco, deja nuevamente a luz las profundas falencias del Estado provincial y nacional en materia de protección y asistencia a los sectores más desprotegidos

La muerte de Néstor Femenía, un niño de 7 años miembro de la comunidad Qom en Chaco, deja nuevamente a luz las profundas falencias del Estado provincial y nacional en materia de protección y asistencia a los sectores más desprotegidos

Luego de estar internado cuarenta días debido a un severo cuadro de desnutrición y tuberculosis, Néstor fue víctima de un conjunto de factores, pero principalmente una política concreta sanitaria, de la que carece desde hace década la provincia de Chaco.

Conocida la noticia, desde el Centro Mandela -organismo que realiza investigaciones sobre las problemáticas provinciales-, denunciaron que en el Impenetrable chaqueño enfermedades como la tuberculosis, el Mal de Chagas y la desnutrición son “endémicas y duras”.

Desde esta institución, que lleva varios años alertando sobre la crítica situación sanitaria en Chaco, señalaron que el Estado provincial no tiene capacidad de “planificar correctamente, porque parte de datos estadísticos insuficientes y erróneos”.

Según datos oficiales, Chaco está tercera entre las provincias con mayores tasas de muertes a causa de tuberculosis, sólo superada por Jujuy y Formosa. La confirmación de la crítica situación se desprende del último informe de “Indicadores Básicos”, publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, en asociación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El documento, fechado a finales de 2014, recoge las últimas cifras disponibles de 2012 sobre mortalidad por tuberculosis. En ese año, 44 personas murieron en el Chaco a causa de la enfermedad, lo que representa una tasa de mortalidad de 4,17 por cada 100 mil habitantes, casi cuatro veces superior a la media nacional ubicada en 1,35.

En una carta de lectores publicada el 11 de enero en el Diario Norte, el juez de Minoridad en Catamarca e integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, Rodrigo Morabito, remarcó que la muerte de Femenía “resulta inaceptable desde el punto de vista estatal en el siglo XXI”.

Al referirse a la explicación oficial de que el caso del pequeño fallecido era un hecho aislado, Morabito señaló que esa argumentación no puede “esbozarse para justificar la muerte de ninguna persona y, menos aún, de un niño que por su condición en vida ostentaba múltiples vulnerabilidades”.

El juez de Minoridad sentenció que “Néstor era vulnerable por ser niño, pobre, encontrarse en un estado de salud físico absolutamente deteriorado, por su pertenencia a una comunidad indígena, ancestral u originaria, y, sin embargo, a pesar de todo ello, murió de la peor manera, ‘aislado’, ‘olvidado’”.

Otros casos

Desde el fallecimiento de Femenía, en Chaco se dieron una seguidilla de muertes, todas relacionadas a la crisis sanitaria de la provincia, algo que no es nuevo y que se arrastra desde hace décadas.

El Centro Mandela informó que este mes se produjo el fallecimiento “altamente evitable y prematuro” de la beba toba Natalia Gómez, de tres meses y medio de vida, por problemas respiratorios. Desde esta institución revelaron que en la casa donde vivía Natalia con sus padres “ni siquiera tenían un ventilador” y sobrevivían “en extrema pobreza”.

El 10 de enero, Carlos Cáceres, un chico de 16 años,  falleció por tuberculosis. La madre del muchacho, Viviana Gauna, denunció que “primero lo llevé a la sala del barrio toba y me dicen que él no tenía nada y de ahí lo llevo al hospital de Fontana y de allí me mandaron a hacer análisis y placas y me volvieron a decir que no tenía nada”.

El padre del joven, Carlos Ramón Cáceres, manifestó que “somos discriminados porque somos aborígenes, como si fuera que no somos seres humanos. Cuando falleció nos enteramos de lo que tenía él”.

Violar el derecho internacional

En la Convención sobre los Derechos del Niño  de Unicef, en su artículo 23.1, se establece claramente que “los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad”.

En el apartado 2 del mismo artículo expresa que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él”.

La Convención deja en claro que la atención a los menores debe ser gratuita y destinada “a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible”.

La crítica situación en Chaco no es nueva y los principales afectados son las niñas y los niños más desprotegidos de la provincia. Hasta ahora, los sucesivos gobiernos provinciales y nacionales no dieron una respuesta real y concreta a esta situación. La extrema pobreza que atraviesa Chaco, sumado al desplazamiento permanente de las comunidades originarias, no son hechos “aislados” sino una consecuencia de políticas que no contemplan a los sectores más desprotegidos.

Departamento nacional de Derechos Humanos de ATE

Fuente: El Trabajador del Estado