La quita de varias concesiones a la petrolera Repsol YPF reabre el debate sobre el actual modelo energético. Analizamos cuál es el verdadero alcance de estas medidas, cuál es la responsabilidad de la petrolera y cuál la de los gobiernos en la actual crisis de reservas de hidrocarburos. Hace apenas seis meses la relación del gobierno nacional y de los provinciales con las petroleras, entre ellas Repsol YPF, iban por carriles normales. Incluso, ante las exigencias de las empresas, muchos gobernadores hablaban de renovaciones de las áreas de explotación. Sin ir más lejos, el año pasado la legislatura de Mendoza renovó, cinco años antes de que venzan, las concesiones a la petrolera por otros 10 años.
Si bien en la misma conferencia dijeron que “en el caso de Repsol, en aras del orgullo que sentimos los argentinos por esa marca precursora y pionera del desarrollo del país, sabemos que nos vamos a encontrar con un rápido diálogo”, las cosas comenzaron a cambiar. Chubut y Santa Cruz fueron las dos primeras provincias que le quitaron concesiones a la petrolera privada española. Le siguieron Neuquén, Mendoza, Salta y recientemente Río Negro.
Repsol YPF es de las petroleras que funcionan en Argentina, la empresa más grande e integrada, lo que significa que controla todos los sectores del proceso: extrae, refina, transporta combustible, es dueña también de estaciones de servicios y, por lo tanto, es quien termina dominando el mercado de los hidrocarburos.
Repsol “se apoderó de YPF cuando el barril, que actualmente ronda los 100 dólares, sólo costaba 20 y dedicó su gestión a vaciar los pozos ya descubiertos. Giró sistemáticamente utilidades al exterior e invirtió en otras regiones (EEUU, Brasil, México, Caribe, África). Argentina figuró siempre como la principal fuente de ingresos de la compañía y la renta del subsuelo nacional fue destinada a abrir negocios en otras latitudes. En sus propios balances se informa que esos lucros surgieron del vaciamiento de los pozos ya existentes. Esa extracción aseguró un altísimo nivel de rentabilidad. Sólo en el período 2008-2010 la empresa obtuvo beneficios netos por 13.380 millones de pesos y distribuyó el 90 % de esas ganancias”, describe el grupo de Economistas de Izquierda (EDI) en un documento reciente.
No es cuestión de demonizar a Repsol YPF y ubicarla como la única responsable de la falta de petróleo en nuestro país. Existen gobiernos que desde la década de los ´90, en que se privatizó YPF (con la ayuda del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien puso a un diputado de su provincia enfermo en el avión de la gobernación para garantizar el quórum en el Congreso de la Nación el día del tratamiento de la entrega a manos privadas), vienen actuando para que sean las multinacionales quienes manejen a su antojo y sin control alguno por parte de los estados, el “negocio” de los hidrocarburos.
Entrevistado por el programa Los Locos de Buenos Aires de FM La Tribu, Diego di Risio, del Observatorio Petrolero Sur (OPS), afirmó que existe una línea de continuidad entre la política de los años ´90 que comenzó con la reforma del ´94 que federalizó los recursos naturales traspasando la soberanía de los mismos a las provincias. Este proceso duró hasta 2006. Ese año se aprobaron en el Congreso de la Nación dos Leyes enviadas por el Poder Ejecutivo presidido por Néstor Kirchner-Ley corta y Ley larga- que otorgaban prerrogativas impositivas a las empresas para efectuar las tareas de prospección y ubicar nuevos yacimientos de petróleo (obligación que no cumplieron). Al año siguiente – 10 años antes que vencieran (2017) – se le prorrogaron a Pan American Energy los contratos hasta el 2047 de Cerro Dragón, el yacimiento más rico en calidad y cantidad de petróleo que posee la Argentina.
Esta provincialización sacó al Estado Nacional como actor con posibilidades mayores para imponer condiciones o tomar decisiones. Para Di Risio, durante ese proceso se fue incrementando el poder de las petroleras que pusieron a los estados provinciales en situación de desventaja para tomar decisiones, mas allá de las que les convenían como forma de obtener recursos. “No es lo mismo que se siente a negociar un estado nacional que uno provincial que depende casi enteramente de la extracción de hidrocarburos para sus gastos corrientes”, dijo.
En cuanto a la quita de concesiones, nos preguntamos cuánto perjudican al negocio de Respsol YPF. Diego Mansilla; economista, especialista en hidrocarburos e integrante del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Mo.Re.No); entrevistado por el programa Al Oeste de FM En Tránsito, afirmó: “Salvo el pozo de Chubut, que fue el primero que se le quitó y que generaba alrededor del 7 por ciento de la extracción anual de la empresa, el resto de las áreas que se le sacaron a Repsol YPF sumadas, no llegan al 2 por ciento de la extracción. Muchas de las áreas que le sacaron son áreas sin producción. Entonces, a nivel del perjuicio económico es bastante reducido y se concentra únicamente a una sola concesión. Ni siquiera se le quitaron las áreas en que era evidente el incumplimiento contractual”.
“No tenemos que comprender a estas medidas de las provincias separadas del gobierno nacional. Estas medidas fueron apoyadas y empujadas por parte del gobierno nacional que empezó a reunirse con las provincias y pedirles que tomen estas medidas”, aseguró Mansilla. A fines de 2007 el gobierno nacional decidió una política de “argentinización” con la entrada del grupo Eskenazi a Repsol YPF. La familia aliada al gobierno kirchnerista, entró a la empresa comprando un 25 por ciento de las acciones pero sin poner un solo peso y financiando la compra con créditos solventados en el vaciamiento de la empresa.
“El gobierno participó directamente de esta operación. Destrabó obstáculos legales y sancionó ajustes de precios en los surtidores. Supuso que esta ‘argentinización’ permitiría recuperar el control sobre un sector devastado por las privatizaciones. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, puesto que los empresarios nacionales acentuaron el parasitismo de los ibéricos”, comentó en su comunicado el EDI.
Para Mansilla, las quitas de las concesiones significan el fracaso de esa política sostenida con el argumento de que la entrada de capitales nacionales, iba a mejorar la empresa. “La ‘argentinización’ lo único que hizo fue que la empresa pudiera extraer cada vez más, fue una vía libre para aumentar el precio de los combustibles ya que desde la entrada de Eskenazi se incrementaron mucho mas que los costos y que el precio internacional del petróleo, para obtener ganancias para que pueda pagar la empresa y aumentó mucho mas el envío de utilidades a España”, comentó Mansilla. Diego di Risio aseguró que la solución no es a corto plazo. Sin embargo, plantea como primer paso necesario la reforma del marco jurídico que permite hoy la libre disponibilidad de los recursos que extraen las petroleras. Son las multinacionales quienes deciden qué hacer con ellos. “Es necesario considerar al petróleo y al gas como recursos estratégicos y no como commodities” afirmó.
Por su parte el EDI sostiene que “hay que prestar mucha atención a la eventualidad de otra estafa, a través de alguna recompra de la compañía con fondos públicos, que terminaría siendo funcional a otros negocios privados”.
“La re-nacionalización de YPF es una alternativa considerada por todos los actores del sector. Pensamos que es necesario estar atentos a los movimientos del gobierno y a las acciones que tome, que por el momento no parecen demasiado definidas, pero para nosotros resulta indispensable precisar si la renacionalización incluirá o no indemnizaciones. En el primer caso se aceptaría la estafa realizada y el país quedaría sin fondos para realizar las inversiones postergadas para explotar y extraer lo recursos”, afirman.
“Podemos afirmar sin equivocación alguna que de 1990 hasta la fecha, la política energética hidrocarburífera es un rotundo fracaso. Hoy después de 13 años de la privatización, el Gobierno Nacional y los provinciales se dieron cuenta que las empresas concesionarias no invirtieron un solo peso para efectuar las prospecciones para ubicar nuevos yacimientos, utilizando toda la infraestructura realizada por la empresa estatal YPF”, afirmó Carlos Guanciarossa, Secretario General Agrupación Enrique Mosconi e integrante de la Comisión Directiva de FeTERA.
¿Quién va a pagar lo que Repsol no invirtió en todos estos años en los que ganó muchísimo dinero y giró la mayor parte a su casa matriz? ¿Y quien se hará cargo de los daños ambientales que ocasionó y de la invasión de tierras a los pueblos originarios? ¿Quiénes se harán cargo de esas áreas que se le quitaron? ¿Será el estado nacional, los estados provinciales u otros capitales privados “nacionales” como Eskenazi?
Fuente: Fabiana Arencibia para www.redeco.com.ar