En la madrugada del 22 de agosto de 1972 ocurrió un hecho que encabezaría la triste lista de infamias de la historia argentina y que sería considerado como el hecho inaugural del terrorismo de estado como metodología sistemática. Aquel día eran ametrallados16 presos políticos desarmados en la base Almirante Zar luego de un intento de fuga del penal de Rawson.
La política represiva del gobierno de Lanusse contra los presos políticos era feroz: la idea era desarraigarlos y que no tuvieran ningún tipo de nexo con el exterior, sus familias y compañeros. Por eso, cientos de militantes fueron trasladados a miles de kilómetros de distancia de sus zonas de origen. El Penal de Rawson fue uno de esos lugares.
Vicente Zito Lema (poeta, dramaturgo, periodista, filósofo y docente argentino) fue uno de los abogados – junto a Rodolfo Ortega Peña, Mario Hernández, Carlos González Gartland y Roberto Sinigaglia – que tenía en sus espaldas la tarea militante de defender a los reclusos. “Mi relación con los compañeros caídos en Trelew y con los presos fue directa. Muchos de ellos fueron y son mis amigos. Nosotros cumplíamos una doble función, éramos defensores y también los que les permitíamos no estar tan aislados”, relató Zito Lema en una entrevista reciente publicada por la revista La Maza. Era tal el vínculo solidario de este grupo de abogados que meses antes de la masacre, a modo de protesta por el recrudecimiento de las condiciones de vida de los presos, inició una huelga de hambre.
El 15 de agosto se inició un intento de fuga de la cárcel de Rawson, cuando dos grupos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros organizaron el escape, mientras que el jefe del operativo fue Mario Roberto Santucho, líder del ERP.
“Nosotros no sabíamos nada de los preparativos de la fuga – afirmó Zito – ya que nos podían capturar y torturar para sacarnos información. Era un riesgo que el plan saliera de las paredes del penal. Solamente lo supieron aquellos que estaban en el núcleo de la operación. Fue un escándalo hermoso y terrible para la dictadura, la fuga ya era un hecho y su significado era esperanzador”, contó Vicente.
Sin embargo, la fuga fracasó. No se pudieron conseguir todos los medios de transporte para que todos los presos llegaran al aeropuerto. El avión si sería tomado por un grupo de militantes que sí lograrían darse a la fuga. 19 fueron los que no lo lograron.
El 22 de agosto de 1972 fueron fusilados en la base Almirante Zar 16 presos políticos: Carlos Heriberto Astudillo (FAR); Carlos Alberto Del Rey (ERP); José Ricardo Mena (ERP); Humberto Segundo Suárez (ERP); Rubén Pedro Bonet (PRT); Alfredo Elías Kohon (FAR); Miguel Angel Polti (ERP); Humberto Toschi (ERP); Eduardo Capello (ERP); Clarisa Rosa Laplace (FAR); Mariano Pujadas (ERP); Jorge Ulla (PRT); Mario Delfino (PRT). También, Susana Graciela Lesgart (Montoneros); María Angélica Sabelli (Montoneros) y Ana María Villareal de Santucho (ERP).
Sobrevivieron Ricardo Haidar (Montoneros); Alberto Miguel Camps (FAR) y María Antonia Berger (FAR), quienes fueron víctimas de la última dictadura militar.
“La masacre de Trelew fue el inicio del terrorismo de Estado. Fue un día triste y gris donde cambió la historia”, afirmó Zito Lema, y agregó: “A mis compañeros los recuerdo en su totalidad, militaran en la organización que fuere. Son compañeros del pueblo y de la revolución, pero más todavía de aquellos que hoy siguen luchando por los ideales que defendían. La mejor manera de rendirles homenaje es seguir la revolución”.
Por la masacre están siendo juzgados Rubén Norberto Paccagnini, ex jefe de la base Almirante Zar; Luís Emilio Sosa, que en esa época era capitán de corbeta y segundo al mando del Batallón de Infantería número 4; Emilio Jorge Del Real, quien tenía el grado de capitán; Carlos Amadeo Marandino, quien era cabo y Jorge Enrique Bautista, juez de instrucción militar que estuvo a cargo de la investigación y está acusado de encubrimiento.
La matanza de Trelew es considerada por estudiosos de la historia argentina de la época, como el hecho inaugural del terrorismo de estado como metodología sistemática para luchar contra las organizaciones políticas armadas, sin las limitaciones que impone la ley.