ATE Junín

Asociación Trabajadores del Estado

Se levantó la huelga de hambre en la Unidad N° 9

Los detenidos en el pabellón evangélico levantaron la medida el día viernes, luego de firmar un acuerdo con funcionarios del Ministerio de Justicia. Activa presencia de la Comisión Provincial por la Memoria. Respaldo de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

El jueves el Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria Adolfo Pérez Esquivel y su Vicepresidente el Obispo Aldo Echegoyen, junto al Secretario Ejecutivo Alejandro Mosquera y el Director del Comité contra la Tortura Roberto F. Cipriano Garcia, la diputada Victoria Donda, los legisladores provinciales Sandra Cruz y Oscar Negrelli y miembros de organizaciones de derechos humanos visitaron la cárcel y entrevistaron a los presos.

Más tarde, la Comisión Provincial por la Memoria se reunió con el ministro Casal y le presentó una serie de demandas.

Tras el recorrido por los pabellones de la Unidad 9, Adolfo Pérez Esquivel y Alejandro Mosquera se reunieron con Ricardo Casal, ministro de Justicia y Seguridad, y César Albarracín, subsecretario de Política Criminal. Allí se le plantearon los diferentes problemas sanitarios y edilicios observados; el Ministro se comprometió a atenderlos.

La Comisión Provincial por la Memoria presentó una lista con los problemas de salud de varios presos. En el Ministerio se comprometieron a tomar las medidas necesarias para efectivizar los tratamientos y operaciones que necesitan los detenidos. Se planteó la dificultad de traslado que muchas veces impide la atención médica compleja en los hospitales; se acordó la creación de una unidad de traslado médico. Se garantiza también un médico todos los días de 8 a 13 horas en la sala de atención médica de los pabellones evangelistas, además de la presencia diaria de odontólogos.

Los funcionarios se comprometieron a resolver la falta de agua con la colocación de la bomba de agua reparada. Respecto de la falta de agua caliente, se garantizará la reparación de los termotanques. También se enviará un equipo de electricistas para resolver las instalaciones precarias o deficientes. Ante la falta de vidrios, se acepta la propuesta de poner ventanas de policarbonato que permitan cerrarse en invierno y abrirse en verano. La intervención de la Comisión Provincial por la Memoria y la visibilidad que adquirió la medida a partir de la difusión que gran cantidad de sectores le dieron a la huelga, entre ellos se destaca la actividad de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), contribuyó a lograr este desenlace.

Compromisos

Se acordó para el viernes 26 de agosto una vista conjunta a la Unidad 9 de la Comisión Provincial por la Memoria y el Ministro, para monitorear la situación y dar cuenta del grado de cumplimiento de los acuerdos arribados.

La Comisión va a seguir trabajando para que el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires atienda los casos de prisiones preventivas que excedidas en varios años, vulnerando la legislación nacional y los tratados internacionales. La Comisión Provincial por la Memoria planteó además la necesidad de una intervención decidida de la Suprema Corte de Justicia. El miércoles 17 se presentó un escrito dirigido al presidente Dr. Eduardo Pettigiani, donde se advierte que “pese a intervenir en esta situación tres instancias jurisdiccionales provinciales (Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Plata, Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 y Nº 2 de La Plata) que reclamaron del Poder Ejecutivo provincial distintas acciones, el conflicto continúa sin resolverse”.

El reclamo “está motivado en las condiciones de detención completamente deficientes y contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos vigentes, señala grandes problemas estructurales y generalizados: la muy mala o nula atención de la salud, condiciones edilicias de detención inhumanas (falta de agua, falta de calefacción, ausencia de vidrios en las celdas, instalaciones eléctricas inseguras y precarias) y alimentación de mala calidad, escasa cantidad y carencia de entrega de dietas especiales para personas enfermas. A esto se agregaba un generalizado reclamo por el retardo en la resolución de sus causas, la falta de contacto con sus defensores o jueces y la arbitrariedad en los estudios criminológicos y ambientales elaborados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”.