La paradoja fue posible gracias a una denuncia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), respaldada por más de 3000 empleados que le reclaman a ARBA 120 millones de pesos en sueldos supuestamente mal liquidados, a través de una maniobra que incluye el ocultamiento de documentación y la violación de la escala salarial establecida por ley, beneficiando a los sueldos más altos y al personal directivo.

El origen de esta situación se remonta a más de dos años, cuando el ex director ejecutivo de la agencia, Santiago Montoya, dispuso la creación de una bonificación para el personal a su cargo. De acuerdo con la resolución dictada por Montoya, este adicional pretendía “superar las desigualdades que subsisten en materia salarial entre los trabajadores de idénticas categorías”.

Pero, según sostienen en ATE, en lugar de cumplir con esa premisa, la medida terminó propiciando exactamente lo contrario: aumentó la brecha entre los que más y los que menos ganan, una situación que continúa hasta el día de hoy, con la gestión que desde diciembre de 2009 encabeza Martín Di Bella.

La desigualdad invocada por el gremio también se puso de manifiesto en otros aspectos. De acuerdo con la denuncia de los delegados, Montoya se autoasignó un “plus salarial” que equivalía a seis veces su sueldo básico y que, además, se instrumentó por un proceso viciado de irregularidades. El punto más cuestionado radica en que la norma nunca fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, ni tampoco fue labrada de acuerdo con lo que especifica la ley.

Lo cierto es que el personal tuvo que esperar un largo tiempo para acceder a la resolución y conocer los detalles de liquidación del adicional, ya que ARBA mantuvo esos documentos bajo llave durante dos años.

La resolución que dio origen al conflicto lleva el número 156/08 y fue firmada por Montoya el 24 de julio de 2008. Con ella, el ex recaudador bonaerense estableció una bonificación “remunerativa no bonificable” llamada “Adicional ARBA”, que hasta el día de hoy se paga a todo el “personal no jerarquizado”.

En pocas palabras, se trata de un porcentaje del salario básico de cada trabajador, que se cobra a fin de mes como adicional. Los empleados percibieron ese dinero por primera vez en agosto de 2008, pero con un efecto distinto del esperado, según el espíritu que motivó la resolución. Para los empleados encuadrados en la categoría salarial más baja –la número cinco en el escalafón, con $ 1196 de básico–, el adicional se estableció en el 50 por ciento. En cambio, para una de las categorías más altas –como la número 20, con $1610 de piso– Montoya fijó la bonificación en un 200 por ciento.

De este modo, los trabajadores con menor remuneración comenzaron a percibir cerca de $ 672 extras, mientras que quienes son mejor pagos alcanzan los $ 3227 en concepto de “bonus”. Es decir, una suma que proporcionalmente es casi cinco veces mayor para quienes gozan de los sueldos más altos. En ATE señalan que esta enorme diferencia distorsiona lo establecido en la normativa provincial que rige sobre la paga del personal público.

La Ley 10.430 y el Decreto 1850 de política salarial del año 2010, establecen que los sueldos deben mantener determinada proporcionalidad según régimen horario y categoría.

Frente a estos hechos, los trabajadores decidieron organizarse y realizar reclamos administrativos ante las autoridades. Según la estimación de ATE, a cada empleado le corresponderían una recomposición de 40 mil pesos por la irregular liquidación del adicional.

Desde septiembre hasta la fecha, de las 7000 personas que integran el plantel de la agencia, ya reclamaron más de 3000, lo que redondea un total de 120 millones de pesos. Sin embargo, las presentaciones nunca fueron contestadas. Peor aún: la mayoría ni siquiera fue caratulada. En paralelo, también se iniciaron acciones por violación al acceso a la información.